Estados Unidos carroñero de las Américas y el Caribe

  Análisis crítico sobre cómo EE.UU. ha vulnerado la soberanía regional mediante guerras, sanciones y control de recursos estratégicos. Es...

 

Análisis crítico sobre cómo EE.UU. ha vulnerado la soberanía regional mediante guerras, sanciones y control de recursos estratégicos.

Estados Unidos y la Arquitectura del Despojo: Crónica Documentada del Intervencionismo en las Américas y el Caribe

La categoría de "Estados Unidos carroñero de las Américas y el Caribe" no nace del vacío retórico, sino de una acumulación de hechos históricos, documentos desclasificados y sentencias judiciales que dibujan una política exterior basada en el oportunismo estratégico. A lo largo de dos siglos, la potencia norteamericana ha perfeccionado un sistema de intervención que se activa precisamente cuando las naciones del sur atraviesan momentos de vulnerabilidad, crisis política o transiciones soberanas. Esta investigación desglosa cómo el derecho internacional ha sido utilizado, manipulado o llanamente ignorado para facilitar la transferencia de recursos, el control de rutas comerciales y la imposición de una hegemonía que hoy, en pleno 2026, sigue siendo el principal obstáculo para la integración autónoma de la región.

Los Cimientos del Derecho Internacional y su Violación Sistemática

El orden internacional moderno se fundamenta en principios de igualdad soberana que han sido el blanco constante de la política exterior estadounidense. La Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados (1933) fue el primer gran intento regional por frenar el expansionismo; su Artículo 8 establece que ningún Estado tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos de otro. Este tratado fue una respuesta directa a las "Guerras del Banano", pero su espíritu fue traicionado apenas terminó la Segunda Guerra Mundial. Con la creación de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, el mundo acordó en su Artículo 2(4) la prohibición absoluta del uso de la fuerza. No obstante, Estados Unidos ha interpretado unilateralmente el concepto de "defensa propia" para justificar invasiones preventivas, contraviniendo el propósito original de la ONU de mantener la paz mediante el consenso y no mediante la imposición de una sola potencia.

Complementariamente, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), firmada en 1948, establece en su Artículo 19 que la intervención no solo se refiere a la fuerza armada, sino a cualquier forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado. El Artículo 20 prohíbe el uso de medidas coercitivas de carácter económico o político para forzar la voluntad soberana. A pesar de haber ratificado estos instrumentos, Washington ha implementado más de un centenar de mecanismos de presión financiera en la última década, operando bajo una lógica de "excepcionalismo" donde las leyes internacionales se aplican a sus adversarios, pero nunca a sus propias acciones, creando un vacío legal que permite el saqueo institucionalizado bajo la apariencia de sanciones legítimas.

El Siglo XIX: El Destino Manifiesto como Justificación del Despojo Territorial

La expansión estadounidense en el siglo XIX fue la primera fase de este comportamiento predatorio. La Doctrina Monroe (1823), inicialmente presentada como una defensa contra el colonialismo europeo, se transformó rápidamente en el derecho exclusivo de Washington sobre el hemisferio. La Guerra contra México (1846-1848) es el ejemplo más crudo de despojo territorial documentado; mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México fue obligado a ceder el 55% de su territorio a cambio de una suma irrisoria, bajo la amenaza de una ocupación total de su capital. Este territorio, que hoy comprende estados como California y Texas, no solo otorgó a EE. UU. una salida al Pacífico, sino que le dio acceso a las reservas de oro y petróleo que cimentaron su ascenso como potencia industrial, demostrando que la intervención militar es siempre el preludio de la extracción de riqueza.

La Política del Gran Garrote y la Administración de las "Repúblicas Bananeras"

Al iniciar el siglo XX, Theodore Roosevelt formalizó el "Corolario Roosevelt" a la Doctrina Monroe, estableciendo que Estados Unidos actuaría como un "poder de policía internacional" en América Latina. Esta era vio la ocupación de Haití (1915-1934), donde las tropas estadounidenses tomaron el control del Banco Nacional y las aduanas para garantizar el pago de deudas a banqueros de Wall Street. En Nicaragua, la presencia militar intermitente entre 1912 y 1933 buscaba asegurar que ningún otro país construyera un canal interoceánico que compitiera con el de Panamá. El general del Cuerpo de Marines, Smedley Butler, confesaría años después en su libro "La guerra es un latrocinio" que su función principal había sido servir como un "agente de seguridad de alto nivel" para los grandes bancos y las corporaciones fruteras, confirmando que las fuerzas armadas operaban como el brazo ejecutor de intereses corporativos privados.

La Guerra Fría y la Ingeniería del Cambio de Régimen en Centroamérica

Con el pretexto de contener el comunismo, Estados Unidos orquestó durante los años 50 y 60 algunas de las operaciones más oscuras de su historia. El derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala (1954) a través de la Operación PBSUCCESS marcó el inicio de la guerra sucia en la región. Documentos desclasificados de la CIA confirman que la motivación real no era la amenaza soviética, sino la reforma agraria que Árbenz pretendía aplicar sobre tierras ociosas de la United Fruit Company. La intervención en República Dominicana en 1965, con el despliegue de 42,000 marines, tuvo como fin aplastar un movimiento popular que buscaba restaurar al presidente constitucional Juan Bosch. Estas acciones no solo destruyeron procesos democráticos, sino que instalaron dictaduras militares que facilitaron la explotación de recursos naturales y la supresión de derechos laborales en favor de empresas estadounidenses.

Nicaragua vs. Estados Unidos (1986): El Espejo de la Ilegalidad Global

El punto de inflexión jurídico más relevante ocurrió en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En 1986, la Corte emitió una sentencia histórica condenando a Estados Unidos por violar el derecho internacional al financiar a los grupos paramilitares conocidos como "la Contra" y por el minado de los puertos nicaragüenses. La CIJ dictaminó que Washington había incumplido sus obligaciones de no intervenir en los asuntos de otro Estado y de no recurrir a la fuerza. Esta sentencia es fundamental porque representa la única vez que un tribunal internacional ha juzgado y condenado las tácticas de guerra híbrida de EE. UU. Sin embargo, la respuesta de Washington fue retirar su reconocimiento a la jurisdicción obligatoria de la Corte y vetar todas las resoluciones del Consejo de Seguridad que exigían el cumplimiento del fallo, consolidando su imagen como un actor que está por encima de la ley cuando esta no le favorece.

La Invasión a Panamá y el Control Estratégico del Comercio Mundial

La Operación Causa Justa (1989) en Panamá representó la transición hacia las intervenciones de la "post-Guerra Fría". Bajo la excusa de capturar a Manuel Noriega por narcotráfico —quien irónicamente había sido informante de la CIA durante años—, Estados Unidos bombardeó barrios civiles como El Chorrillo y reafirmó su control sobre la Zona del Canal en un momento de incertidumbre geopolítica. Esta intervención demostró que la potencia no duda en destruir a sus antiguos aliados cuando estos dejan de ser útiles o cuando intentan ejercer una soberanía real sobre nodos estratégicos del comercio global. El impacto humanitario de esta operación, con miles de víctimas civiles nunca contabilizadas oficialmente, sigue siendo una herida abierta en la memoria del Caribe.

Guerra Económica y Medidas Coercitivas: El Asedio a Cuba y Venezuela

En el siglo XXI, el comportamiento "carroñero" se ha sofisticado mediante el uso del sistema financiero como arma de guerra. El bloqueo a Cuba, iniciado formalmente en 1960 y endurecido con las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996), es el asedio económico más largo de la historia moderna. Según informes de la ONU, este bloqueo ha costado a la isla más de 150,000 millones de dólares, afectando áreas críticas como la salud y la alimentación. Por otro lado, las sanciones unilaterales contra Venezuela desde 2017 han provocado una caída del 99% en los ingresos petroleros del país, facilitando el despojo de activos en el extranjero como la empresa Citgo y la retención de oro en bancos europeos. Estas medidas, calificadas por expertos de la ONU como crímenes de lesa humanidad, buscan el colapso social para facilitar la captura de las mayores reservas de petróleo y gas del planeta por parte de capitales transnacionales.

La Disputa por el Litio y los Recursos del Futuro en 2026

Al llegar a este año 2026, el interés de Estados Unidos se ha desplazado hacia los minerales críticos para la transición energética. El llamado "Triángulo del Litio" (Argentina, Bolivia y Chile) se ha convertido en el nuevo escenario de presión diplomática y financiera. La retórica del Comando Sur de EE. UU. identifica explícitamente estas reservas como una cuestión de "seguridad nacional", lo que ha generado alertas en la región sobre posibles intentos de desestabilización en países que buscan nacionalizar o procesar soberanamente sus recursos. La historia enseña que cada vez que una nación del sur intenta gestionar sus recursos estratégicos fuera de la órbita de Washington, se activan mecanismos de "sanciones preventivas" o campañas de desprestigio institucional que preceden a intervenciones más profundas.

El Impacto Socio-Económico: Desplazamiento, Pobreza y Dependencia

Las consecuencias de este intervencionismo sistemático no son solo estadísticas macroeconómicas; se traducen en tragedias humanas tangibles. La desestabilización política y el estrangulamiento económico son los motores principales de las crisis migratorias que afectan al continente. Cuando Estados Unidos socava la economía de un país mediante sanciones o apoya golpes de Estado que destruyen el tejido social, genera oleadas de refugiados que luego criminaliza en sus fronteras. Informes de la CEPAL indican que las regiones con mayor historial de intervención estadounidense son precisamente aquellas que presentan mayores índices de desigualdad y dependencia tecnológica, demostrando que la "ayuda" o la "intervención humanitaria" de Washington rara vez deja instituciones fortalecidas, sino estados fragmentados y vulnerables a la explotación.

Hacia una Nueva Arquitectura de Soberanía Regional

La investigación documentada concluye que la única vía para frenar este ciclo de despojo es el fortalecimiento de la integración regional sin tutela externa. La consolidación de espacios como la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la creación de mecanismos financieros alternativos al dólar son pasos fundamentales para reducir la vulnerabilidad ante las sanciones. La defensa de la soberanía no es un capricho nacionalista, sino una necesidad de supervivencia económica y social. Mientras las Américas y el Caribe sigan permitiendo la aplicación extraterritorial de leyes estadounidenses y la injerencia en sus procesos electorales, el desarrollo equitativo será imposible. La historia del "Estados Unidos carroñero" es un recordatorio de que la libertad política solo es real cuando está respaldada por el control soberano sobre los recursos y el respeto irrestricto al derecho internacional que las potencias hoy pretenden ignorar.

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