Estados Unidos redefine su poder en 2026: ataque a Venezuela, BRICS, desdolarización y disputa multipolar en América Latina. Del acorra...
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| Estados Unidos redefine su poder en 2026: ataque a Venezuela, BRICS, desdolarización y disputa multipolar en América Latina. |
Del acorralamiento a la redefinición del poder: Estados Unidos en perspectiva histórica
La premisa de un “Estados Unidos acorralado e impone la guerra” describe una coyuntura crítica en la que la superpotencia del norte percibe que los pilares de su influencia en el hemisferio occidental están siendo socavados. Esta situación no se limita a una amenaza militar convencional, sino que se manifiesta como una pérdida progresiva de control sobre los sistemas financieros, las rutas comerciales y las lealtades políticas en América Latina y el Caribe. La relevancia de este fenómeno es máxima en el año 2026, dado que la región ha dejado de ser un espacio de influencia exclusiva para convertirse en un escenario de disputa multipolar. La investigación periodística sugiere que la sensación de acorralamiento nace de la incapacidad de Washington para detener el crecimiento autónomo de América del Sur, el cual es visto por ciertos sectores del Pentágono no como un proceso de desarrollo natural, sino como un desafío a la seguridad nacional estadounidense.
El concepto de imponer la guerra surge cuando los mecanismos diplomáticos y económicos tradicionales fallan. En este contexto, la imposición de narrativas de seguridad, sanciones y la militarización de las fronteras se convierten en herramientas para intentar restablecer un orden que parece escaparse de las manos. La importancia de este análisis radica en identificar cómo la retórica de la "promoción de la democracia" ha evolucionado para funcionar como un filtro geopolítico, donde solo aquellos países alineados con los intereses de Washington son considerados plenamente democráticos, mientras que aquellos que diversifican sus alianzas con potencias rivales son etiquetados como amenazas o estados fallidos.
Historia del control hemisférico: De la expansión al miedo
La trayectoria histórica de Estados Unidos en la región comenzó con una visión expansiva y protectora que, con el tiempo, se transformó en una estructura de vigilancia. Desde la proclamación de 1823, el objetivo fue claro: impedir que cualquier potencia extrahemisférica estableciera posiciones en las Américas. Sin embargo, lo que en el siglo XIX fue una defensa contra los imperios europeos, en el siglo XX se convirtió en una política de intervenciones preventivas. Hechos destacados como la ocupación de Haití en 1915 o la intervención en Guatemala en 1954 muestran un patrón coherente donde cualquier intento de reforma social o soberanía económica era interpretado como una apertura a enemigos externos.
A partir de la década de 1960, la Revolución Cubana introdujo un factor de ansiedad permanente. Por primera vez, un aliado de la Unión Soviética se instalaba a escasos kilómetros de Florida, lo que consolidó la idea de que el Caribe y América del Sur debían ser blindados mediante tratados de asistencia recíproca. Sin embargo, tras la disolución de la URSS en 1991, el enemigo dejó de ser el comunismo para fragmentarse en nuevas etiquetas: el narcoterrorismo, el populismo radical y, más recientemente, la influencia de potencias autocráticas. Esta evolución histórica demuestra que el temor de Estados Unidos no es a una ideología específica, sino a la pérdida de su exclusividad territorial, lo que ha llevado a una política de "acorralamiento" donde la potencia siente que debe golpear primero para no perder su posición privilegiada.
Datos clave sobre la expansión de los BRICS en la región
El ascenso del bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y su reciente ampliación hacia el BRICS+, ha alterado el equilibrio de poder en América del Sur. Según informes de organismos financieros internacionales de 2025, el volumen de inversión de este bloque en infraestructura crítica —como puertos de aguas profundas en Perú y redes de telecomunicaciones en Argentina— ha superado por primera vez en volumen a las inversiones directas provenientes de Estados Unidos en dichos sectores. Esta presencia de capital no occidental es interpretada por Washington como una "invasión silenciosa" que compromete la seguridad hemisférica.
Cifras documentadas revelan que el comercio entre América Latina y China ha crecido de forma exponencial, alcanzando niveles récord en 2024 que superan los 450.000 millones de dólares anuales. Este dato es fundamental para entender por qué Estados Unidos se siente acorralado: su principal herramienta de negociación, el acceso preferente a su mercado, ha perdido fuerza ante la voracidad consumidora y la capacidad crediticia de Asia. Estudios de economía política señalan que cuando un país sudamericano tiene la opción de financiar sus represas o ferrocarriles sin las condiciones de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional, la hegemonía estadounidense se ve directamente amenazada.
La desdolarización y el nuevo orden financiero en Sudamérica
Un subtema crítico en esta investigación es el avance de la desdolarización. Referencias concretas muestran que Brasil y Argentina han iniciado protocolos para liquidar su comercio bilateral utilizando monedas locales o el yuan chino en situaciones de escasez de divisas. Según un informe del Banco de Pagos Internacionales, esta tendencia reduce la capacidad de Estados Unidos para imponer sanciones financieras efectivas, ya que las transacciones ocurren fuera del sistema SWIFT dominado por el dólar. Para una potencia que ha utilizado su moneda como un arma de proyección de poder, este movimiento financiero representa un cerco invisible que limita su capacidad de influencia y control sobre los estados vecinos.
El fin del monopolio comercial estadounidense
Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos fue el socio comercial y militar inevitable para cualquier nación americana. Hoy, esa realidad ha cambiado drásticamente. Casos documentados en Uruguay y Chile demuestran que la firma de tratados de libre comercio con potencias asiáticas ha desplazado a las empresas estadounidenses en sectores clave como la minería y la tecnología. Esta diversificación no es solo económica; es profundamente política. Al reducir la dependencia de un solo mercado, los países sudamericanos ganan un margen de maniobra que incomoda a Washington, provocando una respuesta que oscila entre la presión diplomática y la advertencia sobre los riesgos de caer en la "trampa de la deuda" extranjera.
Casos documentados de resistencia y respuesta geopolítica
La situación ilustrativa más evidente del acorralamiento estadounidense se encuentra en la relación con Venezuela y la Alianza Bolivariana. En este caso, la convergencia de recursos energéticos masivos y una retórica de confrontación abierta ha llevado a Washington a imponer un régimen de sanciones que analistas de la Universidad de Columbia han descrito como una forma de "guerra económica" de alta intensidad. La presencia de personal técnico ruso en las refinerías venezolanas y la cooperación militar con Irán son interpretadas no como soberanía nacional, sino como la consolidación de enemigos extranjeros en el corazón del Atlántico occidental.
Otro hecho destacado es la posición de Brasil bajo el liderazgo de los BRICS. Al actuar como un puente entre el Sur Global y las potencias emergentes, Brasil ha desafiado la idea de que América del Sur debe alinearse automáticamente con las directrices de seguridad de la OTAN. Esta autonomía ha provocado que, en círculos políticos de Washington, se empiece a discutir la necesidad de "reevaluar" las alianzas militares, sugiriendo que un Brasil fuerte e independiente es más peligroso para la hegemonía de Estados Unidos que una nación débil y dependiente. La respuesta estadounidense ha sido aumentar la presencia de bases rotativas en países vecinos como Ecuador y Colombia, creando una tenaza militar que busca rodear a los nodos de resistencia.
Impacto actual de la retórica democrática como arma de contención
En la actualidad, la imposición de la democracia se utiliza como un mecanismo de legitimación para la intervención o el aislamiento. La investigación revela que esta retórica va mucho más allá de la defensa de los derechos humanos; funciona como un código para identificar quién permite la entrada de capitales estadounidenses y quién los restringe. Cuando un gobierno decide nacionalizar recursos estratégicos —como el litio en Bolivia o el petróleo en México—, la narrativa de "amenaza a la democracia" o "deriva autoritaria" suele intensificarse en los medios de comunicación y en los foros internacionales controlados por Washington.
Este impacto es visible en la creciente polarización de la región. Estados Unidos, al verse acorralado, tiende a balcanizar las alianzas regionales, fomentando bloques que compitan entre sí. La desaparición de organismos de integración puramente latinoamericanos y el resurgimiento de la OEA como actor central de presión son pruebas de este esfuerzo por recuperar el terreno perdido. El miedo a que América del Sur crezca como una amenaza consolidada ha llevado a una reasignación de recursos de inteligencia y ciberdefensa hacia el monitoreo de los movimientos sociales que propugnan por una mayor independencia de la región respecto al Consenso de Washington.
Estados Unidos bajo presión y la lógica del conflicto
Al concluir este análisis profundo, es evidente que el fenómeno de "Estados Unidos acorralado e imponer la guerra" no es una anomalía pasajera, sino el síntoma de un cambio de era. La hegemonía absoluta que se forjó tras la Segunda Guerra Mundial está siendo desafiada no por una sola potencia, sino por una red de intereses multipolares y, sobre todo, por el deseo de los propios pueblos latinoamericanos de gestionar sus recursos y alianzas sin tutelajes. El verdadero miedo de Washington no es solo la presencia de Rusia o China, sino la posibilidad de que América del Sur alcance una soberanía económica que la convierta en un polo de poder independiente y competitivo.
La historia demuestra que las potencias que se sienten cercadas suelen reaccionar con una mayor agresividad, lo que plantea un escenario de incertidumbre para el Caribe y el resto del continente. Sin embargo, la diversificación de las relaciones internacionales ofrece a la región una oportunidad histórica para evitar ser el campo de batalla de otros. La clave para la estabilidad futura no reside en la imposición de una visión única de democracia o seguridad, sino en el respeto mutuo y el reconocimiento de que el mundo de 2026 ya no acepta un solo centro de mando. La reflexión final nos obliga a considerar si la paz regional dependerá de la sumisión a un poder en declive o de la construcción de un nuevo equilibrio donde la autonomía sea el valor supremo.
A medida que avanzamos en esta década, el seguimiento de estos movimientos geopolíticos será fundamental. La presión por "imponer la guerra" a través de medios no convencionales seguirá siendo la tónica dominante mientras el equilibrio de poder siga desplazándose hacia el este y el sur. La pregunta que permanece abierta es si los mecanismos de defensa regionales serán suficientes para resistir la embestida de una potencia que, al sentirse acorralada, parece dispuesta a todo para no perder su lugar en la historia.
El ataque a Venezuela en enero de 2026: un hito de impacto regional y global
La noción de un Estados Unidos acorralado alcanzó su expresión más dramática y tangible en la madrugada del 3 de enero de 2026. Según reportes oficiales y medios globales, fuerzas especiales estadounidenses ejecutaron la denominada "Operación Resolución Absoluta" (también referida como Operación Lanza del Sur), un ataque militar directo sobre Caracas que culminó con la captura y extracción del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Este evento marca un punto de inflexión sin precedentes en la geopolítica del siglo XXI, transformando la teoría del "acorralamiento" en una acción bélica de "decapitación política". La relevancia de este suceso radica en que no solo desmantela la estructura de poder vigente en Venezuela, sino que envía un mensaje contundente sobre la disposición de Washington para retomar el control absoluto del Atlántico occidental por la fuerza.
Desde una perspectiva investigativa, este ataque se interpreta como la respuesta de una potencia que, ante el fracaso de las sanciones económicas y la diplomacia, decide recurrir a la intervención directa para neutralizar lo que percibe como un enclave estratégico de potencias extrahemisféricas. La captura de un jefe de Estado en ejercicio por parte de una potencia extranjera redefine los límites del derecho internacional y la soberanía en América Latina, situando a la región en un estado de alerta máxima frente a lo que muchos analistas califican como el regreso de la Doctrina Monroe en su versión más agresiva.
Historia y contexto del operativo: El retorno al intervencionismo directo
Los antecedentes de este ataque se remontan a la creciente tensión entre la administración de Donald Trump y el gobierno venezolano tras las disputadas elecciones de 2024. A lo largo de 2025, el despliegue de barcos de guerra estadounidenses frente a las costas venezolanas y el aumento de la retórica sobre el "narcoterrorismo" prepararon el terreno para la intervención. El 3 de enero de 2026, entre las 02:00 y las 04:30 a.m. (hora local), se registraron explosiones en puntos neurálgicos de Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua e Higuerote. Informes de prensa indican que la operación fue ejecutada por unidades de élite de los Marines y la Armada, con el apoyo de más de 150 aeronaves que sobrevolaron el espacio aéreo venezolano.
Históricamente, este evento guarda similitudes con la Operación Causa Justa en Panamá (1989), pero con una escala tecnológica y geopolítica superior. A diferencia de intervenciones pasadas, el ataque de 2026 se justificó bajo una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que identifica a Venezuela como un "punto de apoyo" para Rusia, China e Irán en el continente americano. La captura se produjo en el Fuerte Tiuna, la principal instalación militar de la capital, lo que demuestra una falla crítica en los anillos de seguridad venezolanos y una superioridad táctica abrumadora por parte de las fuerzas atacantes. Maduro y Flores fueron trasladados inicialmente al buque USS Iwo Jima y posteriormente volados hacia Nueva York para enfrentar cargos federales.
Datos clave sobre el ataque y la captura de Nicolás Maduro
Las cifras derivadas del conflicto son aún objeto de debate, pero los datos verificables hasta el 7 de enero de 2026 revelan la magnitud del impacto humano y material. Según un balance preliminar difundido por fuentes gubernamentales venezolanas y organismos internacionales, el ataque dejó un saldo de al menos 80 fallecidos, entre los que se cuentan 47 militares venezolanos y 32 asesores militares cubanos. Por su parte, el Pentágono informó que la operación fue "efectiva y violenta", confirmando solo dos heridos entre sus filas. La celeridad de la extracción —que algunos reportes sugieren duró menos de una hora en su fase crítica— subraya el uso de tecnología de guerra electrónica que dejó a la capital venezolana sin suministro eléctrico durante las horas del asalto.
En el ámbito legal, Nicolás Maduro compareció ante un tribunal federal en Manhattan el lunes 5 de enero de 2026, declarándose inocente de cargos relacionados con el narcoterrorismo y la colaboración con organizaciones criminales. Un dato crucial para entender el cerco estratégico es que la captura se produjo apenas un mes después de que Washington impusiera un bloqueo total a las exportaciones de crudo venezolano, que habían caído a su nivel más bajo en 17 meses. Esta combinación de asfixia económica y golpe militar directo ilustra la lógica de una potencia que se siente acorralada y decide eliminar quirúrgicamente el obstáculo que impide su preeminencia hemisférica.
El papel de las potencias extrahemisféricas ante el ataque
La reacción de los aliados de Venezuela ha sido de condena diplomática, pero con una cautela militar notable. Rusia y China emitieron comunicados conjuntos en el Consejo de Seguridad de la ONU calificando el ataque de "agresión armada ilegal" y "pisoteo de la soberanía nacional". No obstante, la investigación periodística destaca que, pese a la presencia de asesores y tecnología rusa en suelo venezolano, no se produjo una respuesta militar directa por parte de Moscú. Este silencio operativo sugiere que Estados Unidos logró establecer una zona de exclusión tan efectiva que neutralizó cualquier posibilidad de apoyo externo inmediato, reforzando la percepción de que en el Atlántico occidental, el poder de Washington sigue siendo incontestable cuando decide aplicarse sin restricciones.
Del Fuerte Tiuna al tribunal de Nueva York
Existen hechos destacados que ilustran la naturaleza del operativo. Testimonios de vecinos de Fuerte Tiuna describieron el uso de helicópteros volando a muy baja altura y el disparo de cohetes de precisión contra objetivos específicos dentro del complejo militar. Un detalle revelador difundido por medios como The New York Times es que la operación contó con una planificación de meses que incluyó la infiltración de inteligencia en los círculos más cercanos al mandatario. Se ha reportado que figuras clave del entorno gubernamental habrían tenido comunicaciones previas con agencias estadounidenses, lo que facilitó la localización exacta de la pareja presidencial en el momento del ataque.
Otro caso ilustrativo es la reacción en el exilio y en las calles de ciudades como Doral - Florida, donde miles de ciudadanos celebraron la noticia. En contraste, en Caracas el ambiente fue de "silencio atónito", según reportes de agencias como Associated Press. La captura de Maduro no solo fue un evento militar, sino un choque psicológico para una población que, durante años, escuchó la promesa de una defensa inexpugnable. El traslado de Maduro vestido con uniforme de preso y compareciendo ante un juez estadounidense es la imagen que simboliza, para Washington, el fin de una era de desafío en lo que consideran su zona de seguridad vital.
Declaraciones de Donald Trump sobre el “Cartel de los Soles”
Durante su mandato y especialmente tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, Donald Trump insistió en que el presidente venezolano encabezaba una vasta red criminal conocida como el “Cartel de los Soles”. En conferencias y entrevistas, Trump describió a Maduro como la piedra angular de una organización responsable de introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos, vinculada además con grupos como las FARC y el Tren de Aragua. El mandatario aseguró que las pruebas reunidas por agencias estadounidenses eran extensas y que serían presentadas ante un tribunal federal en Nueva York. Sin embargo, la posterior rectificación del Departamento de Justicia redujo drásticamente las menciones al supuesto cartel, pasando de más de treinta referencias en la acusación original a solo dos, y redefiniéndolo como un “sistema clientelar de corrupción” dentro de las fuerzas armadas y estructuras estatales venezolanas.
Este contraste entre la retórica política de Trump y la revisión judicial posterior puso en evidencia cómo la narrativa del “Cartel de los Soles” fue utilizada como herramienta de presión internacional. Mientras Trump hablaba de una organización criminal transnacional comparable a los grandes carteles de la región, organismos como la DEA y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nunca reconocieron formalmente su existencia como estructura independiente. La insistencia del presidente en vincular a Maduro con el narcotráfico y el terrorismo sirvió para justificar sanciones, bloqueos y operaciones militares, pero la corrección del Departamento de Justicia reveló que aquellas acusaciones no podían sostenerse en un tribunal, lo que abrió un debate sobre la legitimidad de las medidas aplicadas contra Venezuela.
Desinformación y manipulación mediática
La figura del “Cartel de los Soles” fue amplificada durante años por medios internacionales y actores políticos que lo presentaron como un hecho incuestionable. Reportajes, titulares y análisis repetían la idea de que Venezuela estaba gobernada por un narco-Estado, consolidando una percepción global que condicionó la opinión pública y legitimó sanciones y presiones diplomáticas. Según investigaciones recientes, el término nació como una denominación mediática en los años noventa para referirse a militares corruptos, pero fue transformado en un relato político durante la administración Trump. La prensa internacional, al difundirlo sin verificación judicial, contribuyó a que la narrativa se instalara como “realidad” antes de ser confirmada en tribunales.
La rectificación del Departamento de Justicia en 2026 dejó en evidencia que la desinformación mediática avanzó más rápido que la evidencia judicial. Expertos señalaron que el “Cartel de los Soles” operó más como una construcción política y comunicacional que como una organización criminal demostrable. Este episodio plantea preguntas sobre la responsabilidad de los medios en la difusión de narrativas que afectan directamente a poblaciones enteras: cientos de venezolanos fueron impactados por sanciones y bloqueos derivados de un relato que luego se reconoció como insostenible. La manipulación mediática no solo alteró la memoria histórica de los pueblos, sino que también legitimó intervenciones extranjeras, subrayando la necesidad de un periodismo riguroso y de una verificación constante en contextos de alta sensibilidad política.
Análisis jurídico y relevancia de la Operación Resolución Absoluta
El ataque militar ejecutado por Estados Unidos contra Venezuela en enero de 2026 ha abierto un debate jurídico de proporciones históricas. La Operación Resolución Absoluta, no solo representa un cambio en la política exterior de Washington, sino que constituye un desafío directo a la arquitectura del derecho internacional moderno. La relevancia de esta investigación radica en desglosar cómo una acción de "aplicación de la ley" (basada en acusaciones de narcoterrorismo) se transformó en una agresión armada que ignora principios fundamentales de soberanía, inmunidad diplomática y debido proceso. Expertos en derecho internacional y constitucionalistas coinciden en que este evento sienta un precedente donde la fuerza militar sustituye a los tratados, afectando la seguridad jurídica de todos los estados soberanos.
En el marco del derecho internacional, el concepto de inmunidad absoluta (ratione personae) establece que los Jefes de Estado en funciones no pueden ser arrestados ni procesados por tribunales de otros países.
Bajo la Convención de Viena y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, esta protección es total para garantizar que los líderes puedan ejercer sus funciones diplomáticas sin coacción externa. El ataque y captura de un mandatario en ejercicio en 2026 representaría, por tanto, una ruptura histórica de los tratados de la ONU, sustituyendo el derecho por la fuerza militar y eliminando el principio de igualdad soberana entre las naciones.
Violaciones a la Constitución y las leyes de Estados Unidos
Desde la perspectiva del derecho interno estadounidense, el ataque de enero de 2026 ha sido calificado por sectores del Congreso como un acto ilegal y no autorizado. Según informes de legisladores y expertos constitucionales, la administración de Donald Trump habría violado principios básicos de la separación de poderes consagrados en la Constitución de los Estados Unidos. La Cláusula de Declaración de Guerra (Artículo I, Sección 8) otorga exclusivamente al Congreso el poder de autorizar el uso de la fuerza militar fuera del territorio nacional. En este caso, no existió una declaración formal de guerra ni una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) específica para Venezuela.
Además, se ha señalado una violación flagrante de la Ley de Poderes de Guerra de 1973 (War Powers Resolution). Esta ley exige que el Presidente consulte con el Congreso "en todos los casos posibles" antes de introducir fuerzas armadas en hostilidades y requiere un informe formal dentro de las 48 horas posteriores. Al lanzar un ataque a gran escala sobre Caracas sin notificación previa ni aprobación legislativa, el Ejecutivo habría excedido sus facultades constitucionales. Analistas legales de la Universidad de Notre Dame subrayan que la justificación del arresto de un sospechoso criminal (Maduro) no otorga al Presidente autoridad unilateral para iniciar un conflicto armado que resultó en decenas de víctimas civiles y militares.
Infracciones a la soberanía y las leyes de Venezuela
Dentro del marco jurídico venezolano, el ataque de 2026 es catalogado por el Tribunal Supremo de Justicia (en su sede provisional tras el ataque) como una "agresión terrorista" y un "secuestro internacional". La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus artículos 1 y 13 que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que el territorio nacional no podrá ser jamás cedido ni enajenado a potencias extranjeras. La incursión de tropas de élite en Fuerte Tiuna y el bombardeo de instalaciones estratégicas constituyen una violación directa de la integridad territorial y el orden constitucional interno.
Desde el punto de vista del derecho penal venezolano, la captura de Maduro y Flores se tipifica como una detención arbitraria y una privación ilegítima de libertad ejecutada por actores extranjeros sin jurisdicción. El Código Orgánico Procesal Penal exige que cualquier captura dentro del territorio nacional sea realizada por autoridades venezolanas bajo orden judicial nacional. Al ignorar estos procedimientos, la operación de Washington ha sido descrita por juristas locales como un acto de piratería internacional que anula el estado de derecho y sustituye la justicia por la fuerza bruta de una potencia invasora.
Violaciones al Derecho Internacional y la Carta de la ONU
El ataque de 2026 representa lo que académicos de EJIL: Talk! definen como una violación flagrante del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe explícitamente la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Según el derecho internacional, el uso de la fuerza solo es legal en dos casos: legítima defensa (Artículo 51) o autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU. Dado que Venezuela no lanzó un ataque armado previo contra Estados Unidos y no hubo resolución del Consejo de Seguridad, la Operación Resolución Absoluta se encuadra en la definición de crimen de agresión.
Inmunidad de Jefes de Estado en ejercicio
Un punto crítico en la ilegalidad internacional de este acto es la violación de la inmunidad ratione personae (personal). El derecho consuetudinario internacional y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (como en el caso del Mandato de Arresto de 2002) establecen que los jefes de Estado en funciones gozan de inmunidad absoluta frente a la jurisdicción penal de estados extranjeros. Al capturar y procesar a Nicolás Maduro en un tribunal de Manhattan mientras aún ostentaba el cargo, Estados Unidos ha ignorado este principio fundamental diseñado para preservar la estabilidad de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas.
Casos documentados y precedentes de ilegalidad
Existen referencias concretas que sitúan este ataque como una ruptura de las normas establecidas. Un estudio de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York de enero de 2026 argumenta que las acusaciones de narcotráfico, aunque graves, no justifican una invasión militar bajo el pretexto de una orden de arresto. Se compara este hecho con el precedente de Manuel Noriega en 1989, pero se destaca que en 2026 el marco del derecho internacional es mucho más robusto y prohibitivo respecto a las intervenciones unilaterales. Además, se han documentado denuncias de organizaciones como la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) sobre la muerte de civiles durante los bombardeos iniciales en Caracas, lo que podría constituir violaciones a las Leyes de la Guerra (Derecho Internacional Humanitario) por falta de proporcionalidad y distinción.
Impacto actual del vacío legal y la crisis institucional
En el contexto actual, el impacto de estas violaciones se traduce en una parálisis de los organismos regionales. La OEA y la ONU se encuentran en un punto muerto, mientras que potencias como Rusia han declarado que "el orden basado en reglas ha sido destruido por la hostilidad ideológica". El vacío de poder en Venezuela, donde Delcy Rodríguez ha sido nombrada presidenta interina por el TSJ local mientras Maduro permanece en una celda de Nueva York, ha generado una crisis de legitimidad sin salida clara. La desconfianza en el sistema financiero y jurídico estadounidense ha crecido entre los países del Sur Global, quienes ven en la captura de Maduro una señal de que ningún líder está a salvo si se opone a los intereses de Washington.
Impacto actual de la captura en la seguridad hemisférica
El impacto actual de este suceso es sísmico para la estabilidad de América Latina. En los días posteriores al ataque, países como México, Brasil y Colombia han expresado su preocupación por el "peligroso precedente" que sienta esta acción. El presidente español, Pedro Sánchez, y otros líderes europeos han advertido que el uso unilateral de la fuerza para cambiar regímenes en el siglo XXI pone en riesgo la integridad territorial de cualquier nación que no esté alineada con una superpotencia. Para Estados Unidos, sin embargo, el éxito del operativo ha servido para reafirmar su "preeminencia" y enviar una advertencia clara a otros países de la región que busquen profundizar sus lazos militares con Rusia o China.
En Venezuela, la situación al 7 de enero de 2026 es de una tensa transición. Con la cúpula principal capturada o en la clandestinidad, la oposición liderada por María Corina Machado ha reclamado el mandato para iniciar una transición, aunque el control efectivo del territorio sigue siendo incierto debido a la presencia de milicias y facciones militares remanentes. El temor a una guerra civil o a una insurgencia prolongada es el gran desafío que enfrenta la región tras el ataque. El "acorralamiento" de Estados Unidos ha dado paso a una fase de ocupación indirecta y rediseño estatal que afectará las relaciones continentales durante décadas.
Estados Unidos acorralado e imponer la guerra
El ataque a Venezuela en 2026 y la captura de Nicolás Maduro constituyen el testimonio más crudo de que la geopolítica de la fuerza no es una reliquia del pasado. La investigación concluye que la verdadera motivación detrás de esta acción no fue la restauración de la democracia de forma altruista, sino la eliminación de un nodo estratégico que permitía la entrada de rivales globales al hemisferio occidental. Cuando una potencia hegemónica percibe que sus fronteras geográficas, energéticas y financieras están siendo cercadas, la transición de la presión diplomática a la agresión armada se vuelve casi inevitable bajo su propia lógica de supervivencia.
Este episodio deja una lección amarga para las naciones en desarrollo: en un mundo multipolar, la soberanía es tan fuerte como la capacidad de defenderla o de negociar equilibrios que no activen el miedo existencial de las superpotencias. América Latina despierta en 2026 en una realidad donde las reglas del derecho internacional parecen haber sido suspendidas en favor de una nueva era de intervencionismo. La reflexión final nos invita a cuestionar si este acto de fuerza traerá una estabilidad duradera o si, por el contrario, ha sembrado las semillas de resentimientos y conflictos que marcarán el destino compartido de las Américas en los años por venir.
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