Diálogo político en Venezuela: Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera avanzan en una nueva etapa de conversaciones, con la transición instituci...
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| Diálogo político en Venezuela: Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera avanzan en una nueva etapa de conversaciones, con la transición institucional y la ruta electoral entre los principales temas sobre la mesa. |
Diálogo político en Venezuela 2026: negociación, transición institucional, sanciones y ruta electoral
El escenario político venezolano registra desde junio de 2026 un proceso de conversaciones entre el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y un sector de la oposición vinculado a la Asamblea Nacional elegida en 2015. El proceso cuenta con un acompañamiento activo de Estados Unidos y tiene entre sus asuntos centrales el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la participación política, la recuperación económica y la construcción de condiciones para una futura transición electoral.
Las conversaciones comenzaron públicamente el 18 de junio de 2026, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y Dinorah Figuera, dirigente que defiende la continuidad del Legislativo elegido en 2015, se reunieron en Caracas y acordaron establecer una mesa técnica y política descrita como paritaria. La reunión fue recibida favorablemente por el Gobierno de Estados Unidos, que señaló como prioridades la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral, las garantías para la participación política y las libertades civiles.
El proceso, sin embargo, no debe confundirse con un acuerdo definitivo de transición ni con un cronograma electoral ya aprobado. Hasta el momento, las fuentes consultadas permiten identificar una agenda de negociación y una serie de objetivos políticos, pero no un pacto definitivo que haya resuelto la composición futura de los poderes públicos, las fechas de unas elecciones presidenciales o la participación de todos los sectores opositores.
Cronología
- 18 de junio: Figuera llegó a Venezuela y se reunió presencialmente con Jorge Rodríguez en Caracas.
- 24 de junio: los terremotos interrumpieron la dinámica inicial.
- 14 de julio: Figuera anunció que la nueva agenda conjunta comenzaría el 1 de agosto.
- 1 de agosto: el proceso se reactivó inicialmente mediante una llamada telefónica entre Figuera y Rodríguez.
- 6 de agosto: finalmente se produjo el primer encuentro presencial de esta nueva etapa en Caracas, en el Centro de Convenciones de La Carlota. El País informa que participaron Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera y que las sesiones continuarían hasta el 12 de agosto.
Inicio de las conversaciones y participación de Estados Unidos
Las primeras conversaciones públicas tuvieron lugar el 18 de junio de 2026 en el Palacio Legislativo de Caracas. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, se reunió con Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Después del encuentro se anunció la creación de una mesa técnica y política paritaria orientada al fortalecimiento de la democracia.
La participación estadounidense constituye uno de los elementos distintivos del proceso. Antes de la reunión con Jorge Rodríguez, Figuera informó que se reuniría con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett. Posteriormente agradeció públicamente el acompañamiento estadounidense y afirmó que había sido enviada a Caracas para desarrollar conversaciones con las autoridades venezolanas.
La cobertura de Reuters también identificó a Estados Unidos como un actor central en la coordinación del proceso, aunque el secretario de Estado Marco Rubio ha señalado que Washington pretende facilitar las conversaciones y no dictar unilateralmente su resultado.
Por esta razón, resulta más preciso describir el papel estadounidense como acompañamiento, facilitación y presión diplomática que utilizar sin matices el término "tutela". La última expresión supone una interpretación política que debe diferenciarse de los hechos documentados.
Quiénes participan en la mesa y quiénes permanecen fuera
La estructura inicial de las conversaciones está formada por el sector gubernamental representado políticamente por Jorge Rodríguez y un grupo opositor relacionado con la Asamblea Nacional elegida en 2015 y encabezado por Dinorah Figuera. El Gobierno venezolano y este sector opositor anunciaron posteriormente el inicio de una agenda de trabajo para el 1 de agosto de 2026.
Dinorah Figuera regresó a Venezuela en junio de 2026, después de varios años fuera del país. Su regreso se produjo el 18 de junio, coincidiendo con el inicio público de las conversaciones. Por tanto, no corresponde situar su retorno en agosto.
La composición de la mesa constituye uno de los principales asuntos de debate político. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no forman parte de la delegación negociadora inicial. Ambos dirigentes evaluaron el proceso junto con los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática, pero ello no equivale a una incorporación formal de toda la coalición a la mesa.
Figuera ha declarado que pretende convocar a todos los sectores democráticos para aportar propuestas al proceso. Esta declaración es relevante porque demuestra que la composición inicial de la mesa no necesariamente representa la estructura definitiva que sus participantes aspiran a construir.
La posición de María Corina Machado
María Corina Machado no participa formalmente en esta mesa debido, entre otros factores, a que su trayectoria parlamentaria no la vincula con la Asamblea Nacional elegida en 2015. Su período como diputada correspondió a la Asamblea Nacional elegida en 2010 y su investidura fue declarada perdida en marzo de 2014 después de que aceptara una representación alterna de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó que la Asamblea Nacional acordó la pérdida de su investidura el 24 de marzo de 2014 y que posteriormente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente el recurso presentado contra esa decisión.
La exclusión de Machado de la mesa no significa que haya desaparecido del debate político. Por el contrario, su posición y la de Edmundo González constituyen una referencia importante para evaluar el nivel de representatividad del proceso. Ambos han planteado que cualquier acuerdo debe producir resultados verificables relacionados con la recuperación institucional, las garantías políticas, la liberación de personas detenidas por razones políticas y la convocatoria de elecciones presidenciales bajo condiciones competitivas.
El propio Marco Rubio ha reconocido que Machado representa un sector relevante de la sociedad venezolana y ha planteado que cualquier proceso de reconciliación debe procurar una representación amplia de los distintos componentes de la sociedad del país.
La Plataforma Unitaria Democrática y la cuestión de la representatividad
La Plataforma Unitaria Democrática constituye un actor fundamental dentro de la oposición venezolana, pero no debe afirmarse que todos sus partidos hayan aceptado formalmente integrarse a la mesa de Caracas sin una decisión colectiva que lo confirme.
Según fuentes periodísticas. El 14 de julio de 2026, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia convocaron a los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática y a otras organizaciones opositoras a una reunión prevista para el 15 de julio, con el propósito de conocer el alcance de la agenda de trabajo anunciada por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera y definir una posición pública. Al día siguiente, las consultas dentro de la PUD continuaban y su secretario ejecutivo señaló que la coalición aún no había fijado una postura definitiva.
Por ello, una de las preguntas centrales de la negociación es su representatividad política. La mesa puede producir acuerdos entre quienes participan directamente, pero la legitimidad política de una eventual transición dependerá también de la capacidad para incorporar a otros sectores opositores, organizaciones sociales y actores institucionales relevantes.
La agenda de trabajo y el concepto de transición
Las partes anunciaron una agenda orientada al fortalecimiento de la democracia y a la construcción de una transición electoral pacífica. En la información pública disponible aparecen como asuntos relevantes la reconstrucción institucional, el fortalecimiento del CNE, las garantías para la participación política y la recuperación de las libertades civiles.
No obstante, es necesario distinguir entre una agenda de negociación y un acuerdo de transición. La primera establece los asuntos que serán discutidos; el segundo requiere compromisos concretos, mecanismos de ejecución, responsables, plazos y procedimientos jurídicos que permitan comprobar su cumplimiento.
La hoja de ruta estadounidense: estabilización, recuperación y transición
La administración estadounidense ha descrito su estrategia hacia Venezuela mediante una secuencia de estabilización, recuperación económica y reconciliación, seguida de una eventual transición política. Marco Rubio explicó que Estados Unidos consideraba que Venezuela había entrado en una fase de recuperación después de una etapa inicial de estabilización. También relacionó la preparación de elecciones con la necesidad de reconstruir las condiciones políticas y sociales que permiten una competencia electoral real.
Según Rubio, unas elecciones requieren partidos y movimientos políticos funcionales, condiciones adecuadas para la actividad de campaña, libertad para que los candidatos participen y un entorno civil y político que permita la competencia. El funcionario también vinculó la recuperación política con la liberación de presos políticos, la amnistía y la posibilidad de retorno de venezolanos que se encuentran fuera del país.
Esta descripción permite establecer una diferencia importante respecto de la versión inicial de esta investigación: la estrategia estadounidense no debe presentarse como un cronograma electoral ya acordado. Se trata de una secuencia política en la que la estabilización y la recuperación son consideradas condiciones previas para una eventual transición.
El factor humanitario y los terremotos del 24 de junio
Los terremotos registrados el 24 de junio de 2026 modificaron la dinámica política de las conversaciones. El proceso que había comenzado el 18 de junio quedó interrumpido por la emergencia y posteriormente fue reactivado con una agenda que incorporó tanto el fortalecimiento democrático como la atención a las consecuencias de los sismos.
La dimensión humanitaria no constituye un elemento secundario. Naciones Unidas ya había señalado a comienzos de 2026 que millones de personas en Venezuela requerían asistencia humanitaria y había insistido en la necesidad de garantizar la continuidad de las operaciones de ayuda.
Después de los terremotos, la reconstrucción de infraestructura y la atención de las comunidades afectadas adquirieron además una dimensión política. La capacidad del Estado para responder a la emergencia puede convertirse en un indicador práctico de gobernabilidad durante la transición.
Reestructuración del Poder Judicial
La reforma del Poder Judicial constituye otro componente relevante del contexto institucional. En mayo de 2026 la Asamblea Nacional modificó la estructura del Tribunal Supremo de Justicia y estableció que el máximo tribunal pasaría a estar integrado por 32 magistrados.
El proceso de postulación publicado el 19 de junio registró 561 aspirantes a magistrados del TSJ, además de 63 candidatos para la Inspectoría General de Tribunales y 33 para la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura, para un total de 657 postulaciones relacionadas con estas funciones.
La reforma contempla siete magistrados para la Sala Constitucional y cinco para cada una de las restantes salas. El proceso no implica necesariamente la sustitución inmediata de todos los integrantes del tribunal: de acuerdo con la información publicada, se prevé sustituir ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y agregar doce nuevos integrantes, mientras doce magistrados continuarían ejerciendo.
Por tanto, no es correcto presentar el proceso como una negociación ya cerrada para repartir cuotas entre Gobierno y oposición. Lo verificable es la existencia de una reforma legal, un proceso formal de postulaciones y un procedimiento de evaluación e impugnación.
El Consejo Nacional Electoral y la reconstrucción del sistema electoral
El fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral aparece expresamente entre las prioridades asociadas a la agenda de diálogo. El Departamento de Estado estadounidense señaló después de la primera reunión de junio que la agenda incluía el fortalecimiento del CNE, garantías duraderas para la participación política y libertades civiles para el debate público.
Sin embargo, esto no permite afirmar que exista ya un acuerdo definitivo para renovar por completo la directiva del CNE. La designación de nuevos rectores, la composición del organismo y las condiciones de funcionamiento electoral deben distinguirse de una declaración política de intención.
El CNE constituye además una institución estratégica porque cualquier elección futura dependerá de su capacidad para organizar el Registro Electoral, administrar las postulaciones, garantizar auditorías, ejecutar la transmisión de resultados y publicar los resultados oficiales.
Registro Electoral y participación de los venezolanos en el exterior
La actualización del Registro Electoral constituye uno de los elementos técnicos que deberán ser resueltos antes de una elección nacional competitiva. La participación de los venezolanos residentes en el exterior es especialmente relevante debido al volumen de la migración venezolana.
Este asunto no debe presentarse todavía como un acuerdo cerrado de la mesa. Debe entenderse como una de las condiciones institucionales que tendrían que ser resueltas para ampliar la participación electoral y dotar de legitimidad a un eventual proceso.
La experiencia internacional ya ha identificado la actualización del registro, incluida la incorporación de venezolanos en el exterior, como una condición relevante para futuras elecciones creíbles. El Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea también ha señalado históricamente la necesidad de garantizar la participación de candidatos y partidos, actualizar integralmente el registro electoral y crear condiciones para la observación internacional.
Observación electoral internacional
La observación electoral internacional constituye otro asunto pendiente. No existe evidencia suficiente para afirmar que la Unión Europea, el Centro Carter y las Naciones Unidas hayan sido formalmente designados en 2026 como una misión conjunta de observación para unas futuras elecciones venezolanas.
La Unión Europea posee, sin embargo, un antecedente relevante. En las elecciones regionales y municipales de 2021 desplegó una misión de observación electoral con un equipo técnico amplio y posteriormente formuló recomendaciones para mejorar los procesos electorales.
La experiencia de 2021 demuestra además que una misión de observación internacional no equivale simplemente a enviar observadores durante el día de votación. Las misiones profesionales requieren acceso previo al proceso, evaluación de la administración electoral, campaña, medios de comunicación, registro, votación, escrutinio y resolución de controversias.
Por ello, cualquier futura misión de observación debería contar con garantías formales de independencia, movilidad y acceso a las distintas etapas del proceso electoral. El precedente europeo establece que esas condiciones deben ser negociadas antes del despliegue.
Las condiciones electorales pendientes
El debate sobre las próximas elecciones no puede reducirse a fijar una fecha. Una transición electoral requiere condiciones verificables antes, durante y después de la jornada de votación.
Participación política
Una elección competitiva requiere que los principales partidos y candidatos puedan participar sin exclusiones arbitrarias. La experiencia venezolana reciente demuestra que la habilitación de candidatos constituye uno de los asuntos centrales de cualquier negociación.
Libertad de campaña
Los candidatos y organizaciones políticas necesitan condiciones para realizar actividades públicas, difundir propuestas, acceder a medios de comunicación y movilizar electores sin persecución política.
Registro Electoral
El padrón electoral debe permitir la incorporación de nuevos votantes y resolver los mecanismos de participación de los ciudadanos venezolanos que viven fuera del país.
Auditoría y transmisión
El sistema electoral debe permitir auditorías técnicas independientes y mecanismos transparentes de transmisión, totalización y publicación de resultados.
Observación internacional
La presencia de organismos internacionales puede contribuir a la confianza electoral siempre que dispongan de garantías de independencia y acceso suficiente para evaluar todo el proceso.
Resolución de controversias
También resulta indispensable establecer mecanismos creíbles para impugnar resultados y resolver controversias electorales mediante instituciones independientes y procedimientos previamente conocidos.
Sanciones estadounidenses y flexibilización económica
La dimensión económica de la negociación es considerablemente más compleja que un simple levantamiento o mantenimiento de sanciones. Durante 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC, emitió y modificó varias licencias relacionadas con Venezuela.
El 10 de junio de 2026, OFAC publicó las licencias generales 46C, 47A, 48B, 50B, 51B, 52A y 54A, que autorizaron determinadas actividades relacionadas con petróleo, productos petroquímicos, diluyentes, operaciones de petróleo y gas, minerales, oro, PDVSA y determinados suministros para operaciones mineras.
OFAC también había publicado en marzo de 2026 la licencia general 49A, relacionada con negociaciones y contratos contingentes para determinadas inversiones en Venezuela.
Estos instrumentos demuestran que durante 2026 se produjo una flexibilización selectiva del régimen de sanciones, pero no equivalen a un levantamiento general de todas las restricciones. Las autorizaciones dependen del tipo de operación, de las entidades involucradas y de las condiciones establecidas en cada licencia.
Por ello, la mesa de negociación debe distinguir entre levantamiento de sanciones, modificación de sanciones, licencias generales y autorizaciones específicas. Son mecanismos jurídicos y económicos diferentes.
Las exigencias del Gobierno venezolano
El levantamiento de las sanciones estadounidenses figura entre las demandas expresadas públicamente por representantes del Gobierno venezolano. Diosdado Cabello señaló en julio que la eliminación de las sanciones formaría parte de las propuestas del oficialismo dentro del proceso de diálogo.
Sin embargo, una demanda política del Gobierno venezolano no debe confundirse con una decisión ya aceptada por Washington. El régimen de sanciones estadounidense continúa administrándose mediante instrumentos de OFAC y sus modificaciones dependen de decisiones de las autoridades estadounidenses competentes.
Tampoco existe evidencia suficiente para afirmar que la reintegración de Venezuela al sistema financiero internacional o al sistema SWIFT constituya formalmente una condición escrita de la negociación. Por esa razón, no debe presentarse como un acuerdo o exigencia documentada sin una fuente primaria que lo confirme.
Activos venezolanos en el exterior
La situación de los activos venezolanos en el extranjero constituye otro componente económico que debe analizarse por separado. No todos los activos sometidos a restricciones tienen la misma situación jurídica ni dependen de una única decisión política.
CITGO, activos financieros, reservas de oro y bienes sujetos a litigios o medidas de bloqueo responden a procedimientos jurídicos diferentes. En consecuencia, no es correcto afirmar que todos serán automáticamente devueltos como parte de un eventual acuerdo político.
El caso del sector petrolero adquiere especial importancia porque las licencias de OFAC de 2026 establecen autorizaciones específicas para determinadas operaciones relacionadas con PDVSA, petróleo y gas.
La relación entre transición política y recuperación económica
La dimensión económica es inseparable del proceso político. La administración estadounidense ha presentado la recuperación económica y la reconciliación como una etapa previa a una eventual transición electoral.
En paralelo, las modificaciones de OFAC muestran que la política estadounidense hacia Venezuela combina objetivos económicos y políticos. Algunas actividades petroleras, gasíferas, mineras y de inversión han recibido autorizaciones específicas durante 2026.
Esto crea una relación directa entre cuatro variables: normalización política, régimen de sanciones, recuperación económica y capacidad del Estado para financiar la reconstrucción.
La evolución de estas variables será uno de los principales indicadores para determinar si la negociación produce resultados concretos o permanece limitada a declaraciones políticas.
¿Cómo adquieren validez jurídica los acuerdos?
Una de las afirmaciones que requiere mayor corrección respecto de la versiones difundidas es la idea de que todos los acuerdos de la mesa deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional y publicados en la Gaceta Oficial.
Un acuerdo político entre delegaciones no se convierte automáticamente en ley por el hecho de haber sido firmado. Su efecto jurídico dependerá de la naturaleza del compromiso asumido.
Si un acuerdo requiere modificar una ley, deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente. Si implica una designación institucional, deberá utilizarse el procedimiento previsto por la Constitución y las leyes. Si contiene compromisos ejecutivos, estos deberán instrumentarse mediante los actos jurídicos correspondientes. Si se trata de un tratado internacional, serán aplicables las reglas constitucionales y legales específicas.
Los poderes públicos como núcleo de la negociación
La eventual transición venezolana no depende únicamente de una elección presidencial. La reconstrucción institucional implica abordar simultáneamente el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y los demás órganos constitucionales.
El objetivo de una reinstitucionalización efectiva sería restablecer mecanismos de equilibrio y control entre los poderes públicos y garantizar que las instituciones electorales y judiciales puedan actuar con suficiente independencia.
La renovación del TSJ y el fortalecimiento del CNE deben observarse, por tanto, como procesos institucionales independientes pero relacionados con la eventual preparación de una transición electoral.
¿Habrá elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales?
La eventual convocatoria electoral constituye uno de los asuntos centrales de la negociación, pero no existe evidencia suficiente para afirmar que ya haya sido aprobado un cronograma definitivo.
Las declaraciones públicas de los participantes han mencionado la posibilidad de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales. La cuestión pendiente es determinar si estos procesos se realizarían simultáneamente o mediante elecciones escalonadas.
La diferencia es sustancial. Un proceso simultáneo concentraría la transición institucional en una sola jornada electoral, mientras que una convocatoria escalonada permitiría renovar progresivamente los distintos niveles de representación.
Por ahora, debe hablarse de una eventual ruta electoral y no de un cronograma general ya aprobado.
El papel de la comunidad internacional
La comunidad internacional mantiene un papel relevante, pero no existe una única estructura internacional encargada de dirigir el proceso. Estados Unidos tiene actualmente un papel particularmente activo, mientras que Naciones Unidas, la Unión Europea y otros organismos internacionales mantienen agendas relacionadas con derechos humanos, asistencia humanitaria y condiciones democráticas.
Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de un diálogo inclusivo y democrático en Venezuela y en el respeto del derecho internacional y los derechos humanos.
La Unión Europea, por su parte, ha mantenido históricamente como criterios para unas elecciones creíbles la participación de candidatos y partidos, la actualización del registro electoral, condiciones equilibradas y la posibilidad de observación internacional.
Estos antecedentes pueden servir como parámetros de evaluación, pero no deben confundirse con un mandato internacional vigente para dirigir la negociación de Caracas.
Indicadores para evaluar si la negociación produce resultados
La evolución del proceso puede ser evaluada mediante indicadores verificables. Esto permite superar una cobertura basada exclusivamente en declaraciones políticas.
- Designación y composición del nuevo CNE.
- Actualización y auditoría del Registro Electoral.
- Condiciones para la participación de venezolanos residentes en el exterior.
- Habilitación efectiva de candidatos y partidos.
- Liberación y situación jurídica de personas detenidas por razones políticas.
- Garantías para la actividad de partidos y movimientos políticos.
- Libertad de campaña y acceso equilibrado a medios.
- Auditorías independientes del sistema electoral.
- Invitación y garantías para observadores electorales internacionales.
- Publicación transparente de resultados y actas.
- Existencia de mecanismos creíbles para resolver controversias electorales.
- Avances verificables en la reconstrucción institucional.
- Aplicación efectiva de las medidas de recuperación económica.
- Destino y administración transparente de los recursos derivados del sector energético.
- Capacidad del Estado para atender la reconstrucción posterior a los terremotos.
Una negociación con tres dimensiones simultáneas
La negociación venezolana de 2026 puede entenderse mejor si se analizan simultáneamente tres dimensiones.
Dimensión política
Comprende la representación de los sectores opositores, la relación entre el Gobierno y la oposición, las garantías políticas y la construcción de una eventual transición electoral.
Dimensión institucional
Incluye la reforma o renovación de instituciones como el CNE y el TSJ, la recuperación de mecanismos de equilibrio entre poderes y la creación de condiciones para unas elecciones competitivas.
Dimensión económica
Comprende las sanciones estadounidenses, las licencias de OFAC, la recuperación del sector petrolero y minero, la inversión extranjera, los activos venezolanos en el exterior y la financiación de la reconstrucción nacional.
La evolución de una dimensión afecta directamente a las otras. Un proceso electoral sin instituciones confiables puede carecer de legitimidad; una reforma institucional sin recuperación económica puede resultar difícil de sostener; y una recuperación económica sin garantías políticas puede no resolver el conflicto de fondo.
Conclusión
El proceso de diálogo venezolano iniciado públicamente en junio de 2026 constituye una negociación política real entre el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y un sector opositor vinculado a la Asamblea Nacional elegida en 2015, con un papel activo de Estados Unidos. Las conversaciones han sido orientadas hacia el fortalecimiento institucional, la participación política, la recuperación económica y la construcción de condiciones para una eventual transición electoral.
Sin embargo, a la fecha de esta investigación no resulta correcto presentar el proceso como un acuerdo definitivo de transición ni como un cronograma electoral ya aprobado. Persisten interrogantes sobre la representatividad de la mesa, la participación de María Corina Machado y Edmundo González, la incorporación de otros sectores opositores, la renovación efectiva del CNE, la evolución del Poder Judicial y las condiciones concretas de unas futuras elecciones.
Tampoco debe describirse el régimen de sanciones estadounidense como un mecanismo estático. Durante 2026 OFAC ha emitido diversas licencias que permiten determinadas operaciones petroleras, gasíferas, mineras, financieras y comerciales, mientras permanecen otras restricciones.
La negociación, por tanto, debe ser observada mediante resultados verificables y no únicamente mediante declaraciones. La composición del CNE, la actualización del Registro Electoral, las garantías para partidos y candidatos, la situación de los presos políticos, la observación internacional, la independencia judicial, la recuperación económica y la capacidad institucional para afrontar la reconstrucción nacional serán algunos de los principales indicadores para determinar si Venezuela avanza realmente hacia una transición política sostenible.
El elemento decisivo será la capacidad de transformar los compromisos políticos en medidas institucionales comprobables. Mientras esos resultados no se materialicen, la situación debe describirse como un proceso de negociación en desarrollo y no como una transición ya concluida o un acuerdo electoral definitivo.
Fuentes institucionales y documentales consultadas
- Departamento de Estado de Estados Unidos: declaraciones de Marco Rubio sobre las fases de estabilización, recuperación y transición en Venezuela.
- Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC): licencias y modificaciones del régimen de sanciones relacionadas con Venezuela.
- Asamblea Nacional de Venezuela: proceso de postulaciones para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y otros cargos judiciales, documentado mediante el listado oficial publicado en junio de 2026.
- Organización de los Estados Americanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos: documentación sobre la pérdida de la investidura parlamentaria de María Corina Machado en 2014.
- Naciones Unidas: declaraciones sobre la necesidad de diálogo inclusivo, respeto de los derechos humanos y continuidad de la asistencia humanitaria en Venezuela.
- Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea: antecedentes y criterios sobre observación electoral, registro electoral, participación política y condiciones para elecciones creíbles en Venezuela.
- EFE y Reuters: cobertura de las reuniones entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, la participación estadounidense, la posición de otros sectores opositores y la evolución de la agenda de negociación.
