España se fractura en mil pedazos. Esta impactante reconstrucción cinematográfica captura la tensión, el caos y el rostro humano del colap...
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| España se fractura en mil pedazos. Esta impactante reconstrucción cinematográfica captura la tensión, el caos y el rostro humano del colapso que marcó a una generación. ¿Cómo se vivió el primer día del conflicto? |
El inicio de la Guerra Civil Española se localiza formalmente entre el 17 y el 18 de julio de 1936, fechas en las que se ejecutó un golpe de Estado militar coordinado contra el gobierno de la Segunda República Española. Este movimiento insurgente, planificado de forma clandestina durante los meses previos por un sector del estamento militar, fragmentó el control territorial e institucional del país. La respuesta de las organizaciones obreras, la parálisis inicial de las estructuras gubernamentales y la división de las fuerzas de seguridad impidieron el éxito inmediato del golpe, pero a su vez evitaron su neutralización por parte del Estado, derivando en una polarización armada y en el comienzo de un conflicto bélico prolongado.
La conspiración militar y la red de mandos en la primavera de 1936
La planificación del golpe de Estado cobró una estructura operativa sistemática tras las elecciones generales del 16 de febrero de 1936, las cuales otorgaron la victoria a la coalición de izquierdas del Frente Popular. El núcleo de la conspiración estuvo coordinado por el general Emilio Mola, asignado a la comandancia militar de Pamplona en marzo de ese año, quien asumió el rol de director del movimiento bajo el seudónimo de El Director. A través de una serie de instrucciones reservadas emitidas entre abril y julio, Mola diseñó un plan de actuación simultáneo en las diferentes divisiones orgánicas del territorio nacional.
El esquema organizativo de la insurgencia vinculó a figuras clave del ejército en puestos estratégicos. El general Sanjurjo, exiliado en Portugal tras un intento previo de golpe en 1932, fue designado como el líder nominal de la junta militar que asumiría el poder del Estado. En las bases operativas terrestres, el entramado contó con el general Gonzalo Queipo de Llano en la Primera División de Sevilla, el general Manuel Goded en Baleares y posteriormente destinado a Barcelona, y el general Francisco Franco, quien ejercía la comandancia militar en las Islas Canarias tras ser relevado de la jefatura del Estado Mayor por el nuevo gobierno republicano.
Las directrices de Mola determinaban que el pronunciamiento militar debía caracterizarse por una violencia extrema para doblegar de forma inmediata la resistencia de las fuerzas leales al gobierno y de las organizaciones sindicales. Las instrucciones contemplaban la detención de las autoridades civiles republicanas, la disolución de los partidos políticos y la aplicación de la ley marcial en cada demarcación ocupada. Sin embargo, los informes internos de la conspiración a principios de julio de 1936 revelaban que el éxito de la operación no estaba garantizado en centros neurálgicos como Madrid, Cataluña y Valencia, debido a la alta concentración de milicias obreras y a la desconfianza respecto a la adhesión total de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto.
La aceleración del calendario insurgente tras el asesinato de Calvo Sotelo
El asesinato del teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo por militantes derechistas la tarde del 12 de julio de 1936, y la posterior represalia que resultó en el homicidio del diputado y líder monárquico José Calvo Sotelo la madrugada del 13 de julio por un grupo de guardias de asalto y paisanos de izquierda, alteraron los plazos de la conspiración militar. Estos acontecimientos provocaron la adhesión definitiva de sectores indecisos dentro del cuerpo de oficiales y aceleraron la fijación de la fecha definitiva para el alzamiento, establecida originalmente para la última semana de julio.
El impacto político de la muerte de Calvo Sotelo clausuró las vías parlamentarias de distensión y polarizó de forma irreversible los mandos de seguridad pública. El general Mola emitió las órdenes finales fijando el inicio de las operaciones en el Protectorado de Marruecos para las 05:00 horas del 18 de julio, mientras que las guarniciones de la península ibérica debían sumarse de forma escalonada a partir del 19 de julio. Las coordinaciones logísticas incluyeron el alquiler del avión de Havilland DH.89 Dragon Rapide, financiado con fondos de particulares opuestos a la República, con el objetivo de trasladar al general Franco desde Las Palmas de Gran Canaria hacia el norte de África para tomar el mando del Ejército de África.
El alzamiento en el Protectorado de Marruecos el 17 de julio
Las previsiones cronológicas de los conspiradores se vieron modificadas en el norte de África debido al descubrimiento fortuito del complot por parte de las autoridades civiles en Melilla. Al mediodía del 17 de julio de 1936, el registro de un centro de cartografía utilizado por los oficiales golpistas forzó al coronel Segismundo Casado y a otros mandos locales a adelantar el levantamiento militar en dicha plaza para evitar su detención. Los insurgentes ocuparon de forma inmediata los edificios públicos, clausuraron la sede del gobierno civil y procedieron al arresto y ejecución de mandos militares que manifestaron su lealtad a la legalidad republicana, como el general Manuel Romerales.
El éxito del golpe en Melilla desencadenó la respuesta inmediata en el resto de las guarniciones del Protectorado. En la tarde y noche del mismo 17 de julio, las fuerzas de la Legión Extranjera y de los Regulares de Marruecos se hicieron con el control de las ciudades de Ceuta y Tetuán. El coronel Juan Yagüe asumió la jefatura de la sublevación en la zona africana, neutralizando la resistencia del aeródromo de Sania Ramel y deteniendo al Alto Comisario de España en Marruecos, Arturo Álvarez-Buylla. Para la madrugada del 18 de julio, el Ejército de África, la fuerza militar más operativa, adiestrada y profesional de las Fuerzas Armadas españolas, se encontraba completamente bajo el control del bando golpista.
La propagación del golpe a la península el 18 de julio
A las 06:15 horas del 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco emitió desde las Islas Canarias un manifiesto que declaraba el estado de guerra en todo el archipiélago y justificaba la intervención militar ante la situación de alteración del orden público en la península. Horas después, tras asegurar el control de las islas, Franco embarcó en el Dragon Rapide rumbo a Casablanca para coordinar el despliegue del contingente africano hacia el sur peninsular.
En el territorio continental, la sublevación se activó formalmente siguiendo las pautas de Mola. En Sevilla, el general Queipo de Llano ejecutó un golpe audaz al apoderarse de la sede de la Segunda División Orgánica con un número reducido de tropas, recurriendo a transmisiones radiales sistemáticas para simular el control de fuerzas superiores y neutralizar la resistencia inicial en los barrios obreros de Triana y Macarena. De forma paralela, el alzamiento triunfó con celeridad en Navarra, el norte de Castilla la Vieja (Burgos, Salamanca, Valladolid) y en Galicia, donde las guarniciones militares no encontraron una oposición armada organizada por parte de las autoridades civiles regionales.
La respuesta institucional del gobierno central y la fractura del Estado
El gobierno de la República, presidido por Santiago Casares Quiroga, mantuvo una política de minimización del alcance del golpe durante las primeras veinticuatro horas del conflicto. Las comunicaciones oficiales emitidas por radio el 18 de julio afirmaban que el movimiento se limitaba a focos aislados en el Protectorado y que la situación en la península se encontraba controlada. La principal directriz del ejecutivo consistió en rechazar sistemáticamente la entrega de armamento reglamentario a las organizaciones sindicales (UGT y CNT), que lo solicitaban para hacer frente a las guarniciones sublevadas.
Ante la insostenibilidad de la situación militar y la presión popular, Casares Quiroga dimitió la noche del 18 de julio. El presidente de la República, Manuel Azaña, encargó la formación de un nuevo gabinete a Diego Martínez Barrio con el propósito de alcanzar un acuerdo de paz con los militares sublevados, llegando a proponer carteras ministeriales al general Mola. El rechazo categórico de Mola a cualquier salida negociada provocó la disolución instantánea del gobierno de Martínez Barrio, el cual duró apenas unas horas.
La mañana del 19 de julio de 1936 se constituyó el gabinete liderado por José Giral, quien adoptó de inmediato la medida administrativa que transformaría la naturaleza del conflicto: la orden de disolución oficial del ejército regular y la autorización legal para el reparto de armas a las milicias de los partidos obreros. Esta decisión descentralizó el monopolio de la fuerza coercitiva del Estado, transfiriendo el control de la defensa civil a comités revolucionarios locales y consolidando la fractura institucional interna.
El balance territorial e industrial derivado de las primeras operaciones
Para el 21 de julio de 1936, la geografía española quedó dividida de forma nítida en dos zonas de control militar y político, estableciendo las bases materiales de la posterior confrontación bélica generalizada. El bando sublevado consolidó un territorio de marcado carácter agrícola en el norte y oeste del país, que abarcaba Galicia, León, Castilla la Vieja, Navarra, parte de Aragón, las ciudades andaluzas de Sevilla, Cádiz, Córdoba y los archipiélagos de Baleares (a excepción de Menorca) y Canarias, además del Protectorado de Marruecos.
El bando gubernamental o republicano retuvo las regiones con mayor densidad demográfica, mayor desarrollo industrial y los principales recursos financieros del Estado. El control de la República abarcaba Madrid, toda la vertiente mediterránea (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia), Castilla la Nueva, la zona industrial del Cantábrico (País Vasco, Asturias y Santander) y gran parte de La Mancha y Extremadura.
La división del potencial de defensa e infraestructuras militares también reflejó una profunda asimetría estructural. Aunque el bando republicano retuvo los astilleros navales principales de Cartagena y Bilbao, y conservó la mayor parte de la flota de la Armada y de la Fuerza Aérea, la carencia de cuadros de mando profesionales debido a las deserciones o fusilamientos restó eficacia operativa a dichos recursos. Por el contrario, el bando sublevado, a pesar de contar con menor base industrial y carecer inicialmente de reservas financieras líquidas, disponía del cuerpo de oficiales más cohesionado y del control de las tropas coloniales de Marruecos, cuyo transporte hacia la península se convertiría en el primer objetivo logístico clave del conflicto.
Las implicaciones técnicas de la paralización del golpe de Estado
La incapacidad de la sublevación militar para capturar de manera simultánea los centros administrativos de Madrid y Barcelona anuló la posibilidad de un cambio de régimen rápido e incruento, que era la hipótesis central contemplada en los documentos técnicos redactados por el general Mola. En Barcelona, la acción coordinada de las fuerzas de la Guardia de Asalto, la Guardia Civil bajo las órdenes del general José Aranguren y las milicias anarquistas de la CNT sofocó el alzamiento dirigido por el general Goded entre el 19 y el 20 de julio.
En Madrid, el asalto al Cuartel de la Montaña el 20 de julio por parte de fuerzas leales al gobierno y civiles armados culminó con la rendición del general Joaquín Fanjul, neutralizando de forma definitiva el foco insurgente en el centro del país. Estos resultados operativos transformaron el golpe de Estado fallido en una guerra civil abierta, caracterizada por la coexistencia de dos autoridades políticas rivales que reclamaban la legitimidad del Estado, el colapso inmediato de los flujos de comercio interno y la necesidad inmediata de obtener asistencia técnica y militar de potencias extranjeras para romper el equilibrio de fuerzas inicial.
