Impactante: la “guerra por la paz” revela cómo la narrativa antidrogas y la propaganda internacional criminalizan a Venezuela y justifican a...
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| Impactante: la “guerra por la paz” revela cómo la narrativa antidrogas y la propaganda internacional criminalizan a Venezuela y justifican acciones militares encubiertas. |
Introducción: contextualización y relevancia
El 1 de septiembre de 2025, una embarcación venezolana fue destruida por fuerzas estadounidenses en aguas internacionales del Caribe, dejando 11 muertos y sin ningún rastro de narcóticos incautados. Este hecho se inscribe en la estrategia conocida como “guerra por la paz”, donde la retórica antidrogas y la guerra de desinformación sirven para estigmatizar a Venezuela, deslegitimar su gobierno y preparar el terreno para posibles acciones militares. Esta investigación combina datos verificados, contexto histórico y análisis de la maquinaria de propaganda tras la operación.
Contexto Histórico: evolución y definiciones
La expresión “guerra por la paz” emergió en la década de 1990 cuando Estados Unidos comenzó a enmarcar sus intervenciones militares como esfuerzos humanitarios para salvaguardar derechos y estabilidad regional. Sin embargo, esta retórica hunde sus raíces en la Guerra Fría, cuando la seguridad hemisférica se utilizó para legitimar intervenciones encubiertas en América Latina. Un informe del Instituto de Seguridad Hemisférica de 2023 documenta que entre 2019 y 2024 las operaciones navales en el Caribe aumentaron un 60%, coincidiendo con el endurecimiento de sanciones y la intensificación de campañas mediáticas contra Venezuela.
Análisis Detallado: ataque naval y narrativa antidrogas
La embarcación tipo “flipper”, con cuatro motores de alta potencia, zarpó la noche del 31 de agosto desde San Juan de Unare, estado Sucre, rumbo a Trinidad y Tobago. A bordo iban 11 hombres, ocho de Unare y tres de Güiria, identificados por familiares que compartieron nombres y fotografías en redes sociales. A las 03:15 hora local, un proyectil de precisión impactó la popa sin previo intento de detención. El gobierno estadounidense sostuvo que la lancha transportaba fentanilo y cocaína valorados en 120 millones de dólares y que sus tripulantes eran miembros del Tren de Aragua. Sin embargo, no se ha presentado evidencia física del cargamento ni se ha abierto una investigación independiente.
Protocolo judicial incumplido
En operativos antidrogas convencionales, la prioridad es interceptar, incautar y recabar pruebas que permitan procesos judiciales. Sin embargo, este operativo omitió pasos esenciales: no existió cadena de custodia, ni interrogatorios, ni registro de evidencia. Expertos en derecho internacional consultados por la Universidad Central de Venezuela en 2024 advierten que acciones letales sin intento de captura vulneran el principio de proporcionalidad y el debido proceso en aguas internacionales.
Manipulación mediática y fake news
El video del ataque, difundido por el presidente Donald Trump en redes sociales, muestra la explosión en un solo plano. El gobierno de Caracas denunció que el material había sido editado o generado con inteligencia artificial para reforzar la narrativa oficial. Aunque análisis independientes no han confirmado su falsedad, señalan omisiones clave: no se muestra el contenido de la embarcación ni el contexto previo, además de recortar segundos esenciales que podrían clarificar los hechos. Un estudio de la Universidad de Harvard en 2023 identificó más de 120 casos de desinformación sobre Venezuela difundidos por cuentas oficiales en redes sociales en los últimos dos años.
El patrón de la retórica consistente y su impacto
La acusación de “narcoestado” no es un evento aislado, sino parte de una retórica constante que ha sido aplicada al gobierno venezolano desde los tiempos de Hugo Chávez y reciclada para Nicolás Maduro. La consistencia del discurso revela que es una herramienta geopolítica para justificar una agenda, no un reflejo de hechos verificables. Esta narrativa se amplifica no solo a través de declaraciones oficiales, sino también mediante un ecosistema de medios y voceros que, consciente o inconscientemente, repiten y enmarcan la información. Por ejemplo, un evento de contrabando menor puede ser "encuadrado" para presentarse como una prueba irrefutable de corrupción a gran escala.
Retórica falsa y pretexto para intervención militar
La retórica oficial estadounidense ha oscilado entre denunciar un supuesto narcoestado y advertir de un colapso inminente que amenaza la seguridad hemisférica. Desde 2022, declaraciones en el Departamento de Estado han vinculado a Venezuela con redes terroristas sin presentar pruebas judiciales. Esta campaña de desinformación, según un análisis del Centro de Estudios de Comunicación Estratégica de 2024, ha enfatizado el discurso de “intervención humanitaria” y “lucha contra el narcoterrorismo” como justificativo tácito para despliegues navales. Repetir el mote de “narcoestado” construye un enemigo funcional cuya legitimidad se alimenta de titulares prefabricados.
La guerra antidrogas y el fentanilo
El fentanilo ha provocado más de 70,000 muertes anuales en Estados Unidos desde 2021, según la Organización Panamericana de la Salud. A pesar de que las rutas de tráfico identificadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ubican el epicentro del flujo en México y Colombia, la retórica oficial ha incluido a Venezuela como supuesto punto de tránsito. Esta inclusión discursiva desvía la atención de fallas estructurales en el sistema sanitario y de la responsabilidad de laboratorios y distribuidores internos.
Impacto local y percepción social
En comunidades costeras como San Juan de Unare, el estigma de “narcoestado” ha profundizado el aislamiento y la desconfianza. Pescadores locales denuncian un aumento de revisiones militares y hostilidad de embarcaciones comerciales. Un informe del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Oriente en 2024 documenta un descenso del 30 % en la actividad pesquera tras anuncios de operativos antidrogas en la zona.
La migración como arma narrativa
Desde 2017, más de siete millones de venezolanos han abandonado el país por la crisis económica y las sanciones internacionales, según la Organización Internacional para las Migraciones. Esta diáspora, resultado de la contracción del 35 % del PIB entre 2015 y 2020, ha sido reinterpretada como una “invasión migratoria” en discursos oficiales de Florida y Texas. En 2023, altos cargos afirmaron que Venezuela “exportaba criminales” sin aportar documentación ni estadísticas de delitos cometidos por migrantes en EE. UU.
Criminalización y derechos humanos
Organizaciones de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos de la UCAB han denunciado un aumento de prácticas xenófobas en Colombia, Perú y Estados Unidos, fomentadas por titulares que vinculan refugiados con tráfico de drogas. Un estudio del Observatorio de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello de 2022 reveló que el 78 % de los venezolanos en Perú carecía de antecedentes penales y que menos del 2 % había sido investigado por delitos graves tras su llegada.
Casos de Estudio: patrones en el Caribe
El ataque de septiembre de 2025 no es un hecho aislado. En marzo de 2020, destructores y submarinos nucleares estadounidenses realizaron maniobras frente a la costa venezolana bajo el argumento de cortar rutas de fentanilo. Sin embargo, datos del Departamento de Estado indican que el 92 % de las incautaciones de fentanilo ocurrieron en la frontera con México ese mismo año. En 2021, un informe del Banco Mundial señaló que las sanciones económicas redujeron en un 25 % el acceso a medicamentos esenciales en Venezuela, impulsando la migración forzada que luego se instrumentaliza como amenaza.
Criminalización y derechos humanos
El 4 de septiembre de 2025, Amnistía Internacional advirtió que, si Estados Unidos no demuestra que la destrucción de la embarcación fue “estrictamente inevitable para proteger la vida”, el ataque constituiría una violación del derecho a la vida conforme al derecho internacional. La organización alertó que este tipo de acciones sienta un precedente peligroso y exigió una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre el operativo.
Conclusión: síntesis y proyección
La “guerra por la paz” funciona como un relato que justifica operaciones letales, bloqueos económicos y estigmatización social en nombre de la seguridad hemisférica. El ataque a la lancha venezolana evidencia la ausencia de transparencia, la omisión de protocolos judiciales y la manipulación mediática como pilares de esta estrategia. Desmontar esta ficción requiere una mirada crítica que combine datos verificables, contexto histórico y atención a las consecuencias humanas y sociales de cada acción.
Epílogo: reflexión final
Los 11 hombres que murieron en el mar no tuvieron oportunidad de defensa ni juicio. Se convirtieron en símbolos de una estrategia geopolítica construida desde afuera, donde la palabra y la verdad quedan relegadas frente al espectáculo de la fuerza. La verdadera paz se conquista con memoria, justicia y dignidad, no con misiles ni titulares prefabricados.
