Venezuela aprueba el Tratado de Beijing

  Un hito histórico para la cultura en Venezuela: Artistas y legisladores celebran en el Hemiciclo de la Asamblea Nacional la aprobación uná...

 

Fotografía documental de una celebración en la Asamblea Nacional de Venezuela. En primer plano, una mujer mayor de traje formal abraza y estrecha la mano de un joven que sostiene un pergamino, mientras un grupo diverso de personas aplaude y sonríe. Al fondo, se observa la tribuna de oradores y un escudo de armas borroso. El ambiente es de alegría y formalidad institucional.
Un hito histórico para la cultura en Venezuela: Artistas y legisladores celebran en el Hemiciclo de la Asamblea Nacional la aprobación unánime del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales. Este instrumento internacional de la OMPI fortalece la protección legal y patrimonial de los creadores del país. Descubre el alcance de esta nueva normativa.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad, el 17 de noviembre de 2026, el proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, instrumento internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La decisión, reportada por medios de comunicación nacionales, representa un avance legislativo en materia de protección de los derechos de artistas intérpretes y ejecutantes cuyas actuaciones forman parte de producciones audiovisuales.

El tratado fue adoptado el 24 de junio de 2012 en Beijing, China, durante una conferencia diplomática convocada por la OMPI. Su objetivo es establecer un marco internacional de protección para los artistas intérpretes o ejecutantes en el ámbito audiovisual, incluidos actores, actrices y otros profesionales cuyas interpretaciones quedan incorporadas en películas, producciones televisivas y otros contenidos audiovisuales.

El documento contiene 30 artículos que regulan derechos morales y patrimoniales, reproducción, distribución, alquiler, disponibilidad digital, radiodifusión, limitaciones, duración de la protección, medidas tecnológicas y procedimientos de observancia. También establece disposiciones institucionales para administrar su aplicación entre los Estados que decidan convertirse en partes contratantes.


Marco institucional y aprobación legislativa del instrumento internacional


El Tratado de Beijing forma parte del sistema internacional de protección de la propiedad intelectual administrado por la OMPI, organismo especializado de las Naciones Unidas. Su aprobación respondió a la necesidad de actualizar la protección internacional de los artistas intérpretes o ejecutantes frente a la expansión de las producciones audiovisuales, la distribución transfronteriza y los medios digitales.

La aprobación legislativa venezolana fue reportada el 17 de noviembre de 2026, después de que la Asamblea Nacional sancionara por unanimidad el proyecto de Ley Aprobatoria en segunda discusión. Este resultado debe distinguirse de las etapas posteriores necesarias para que el Estado manifieste formalmente su consentimiento en obligarse por el tratado en el plano internacional.

La Ley Aprobatoria constituye una decisión del Poder Legislativo dentro del procedimiento constitucional venezolano para la aprobación de tratados. Sin embargo, la condición de parte contratante ante la OMPI requiere el depósito del instrumento de ratificación o adhesión correspondiente ante el director general de esa organización. La OMPI establece que el Tratado de Beijing entra en vigor para cada Estado conforme a las condiciones previstas en sus disposiciones finales.

La consulta del perfil de Venezuela en la base de datos WIPO Lex no muestra el Tratado de Beijing entre los instrumentos internacionales de la OMPI de los que el país figura como parte. Por tanto, la aprobación parlamentaria reportada no debe presentarse como una adhesión internacional ya perfeccionada ni como una entrada en vigor automática en Venezuela. Para confirmar un cambio de estatus será necesario verificar la publicación de los actos nacionales correspondientes y, especialmente, el registro del depósito del instrumento ante la OMPI.

El tratado tampoco sustituye los derechos de autor sobre las obras audiovisuales. Su objeto específico es proteger las interpretaciones y ejecuciones incorporadas en esas producciones. Esta distinción es relevante porque el guion, la composición musical, la dirección y la interpretación artística pueden estar sujetos a derechos diferentes, cuyos titulares y mecanismos de protección no son necesariamente los mismos.


Derechos morales y reconocimiento de los artistas intérpretes


Los primeros artículos del tratado establecen las bases jurídicas para identificar a los beneficiarios y determinar el alcance de la protección. El artículo 1 regula la relación con otros convenios y tratados internacionales, mientras que el artículo 2 define conceptos esenciales como artista intérprete o ejecutante, fijación audiovisual, radiodifusión y comunicación al público. El artículo 3 identifica a los beneficiarios de la protección y el artículo 4 establece el principio de trato nacional, sujeto a las condiciones previstas en el propio instrumento.

El artículo 5 reconoce derechos morales a los artistas intérpretes o ejecutantes. Entre ellos se encuentra el derecho a reivindicar que se les identifique como intérpretes de sus actuaciones, salvo cuando la omisión esté determinada por la manera en que se utiliza la interpretación. También contempla el derecho a oponerse a deformaciones, mutilaciones u otras modificaciones de sus interpretaciones que puedan perjudicar su reputación.

Este reconocimiento no debe confundirse con la autoría de la obra audiovisual. El tratado protege la identidad y la integridad de la interpretación artística, no convierte automáticamente al intérprete en autor del guion, de la película o de los demás elementos creativos que integran una producción.

La protección moral contempla interpretaciones en directo y actuaciones fijadas en producciones audiovisuales. Después del fallecimiento del artista, estos derechos deben mantenerse, al menos, hasta la extinción de los derechos patrimoniales, con las excepciones previstas en el propio tratado para determinados ordenamientos jurídicos. Las vías para ejercerlos se determinan conforme a la legislación nacional aplicable.

El artículo 6 aborda los derechos patrimoniales sobre interpretaciones o ejecuciones que todavía no han sido fijadas. Reconoce el derecho exclusivo de autorizar la radiodifusión, la comunicación al público y la fijación de esas actuaciones, con la excepción prevista para las interpretaciones que ya hayan sido radiodifundidas. Esta disposición protege al artista frente a determinados usos no autorizados de una actuación en directo.


Derechos patrimoniales, explotación audiovisual y disponibilidad digital


Los artículos 7 al 12 desarrollan los derechos relacionados con la explotación de las interpretaciones fijadas en soportes audiovisuales. El artículo 7 establece el derecho de reproducción, que comprende la reproducción directa o indirecta de las interpretaciones fijadas. En el entorno digital, el almacenamiento de una interpretación en formato electrónico puede constituir un acto de reproducción sujeto a las reglas del tratado.

El artículo 8 regula el derecho de distribución de los originales y ejemplares de las interpretaciones fijadas, mediante venta u otra transferencia de propiedad. El artículo 9 establece el derecho de alquiler comercial al público de los ejemplares audiovisuales, aunque permite determinadas limitaciones cuando el alquiler no produce una reproducción generalizada que perjudique considerablemente el derecho de reproducción del artista.

El artículo 10 incorpora el derecho de poner a disposición del público las interpretaciones fijadas para que cada persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. Esta disposición tiene especial importancia para los servicios de vídeo bajo demanda, las plataformas digitales y otros sistemas de acceso individual a contenidos audiovisuales.

El artículo 11 regula la radiodifusión y la comunicación al público de interpretaciones fijadas. Establece un derecho de autorización, pero permite que los Estados contratantes sustituyan ese mecanismo, mediante la declaración correspondiente, por un derecho a recibir una remuneración equitativa. Por esa razón, no es correcto afirmar que el tratado garantiza automáticamente un pago individual por cada emisión o utilización de una producción.

El artículo 12 aborda la cesión de derechos. Permite que la legislación nacional establezca que, cuando un artista consiente la fijación audiovisual de su actuación, determinados derechos exclusivos puedan pertenecer al productor, ser cedidos o ser ejercidos por este, salvo que exista un acuerdo en contrario conforme a la legislación aplicable. También contempla la posibilidad de exigir contratos escritos y reconoce que pueden establecerse regalías o remuneraciones equitativas mediante leyes o acuerdos individuales y colectivos, incluso para determinados usos digitales.

Esta regulación es especialmente relevante para las relaciones contractuales entre intérpretes, productores, empresas audiovisuales y distribuidores. La protección internacional no elimina la necesidad de establecer con claridad las condiciones de contratación, los usos autorizados, las remuneraciones y los mecanismos de liquidación de derechos.


Limitaciones, duración de la protección y seguridad tecnológica


El artículo 13 establece las limitaciones y excepciones que pueden incorporar los Estados a los derechos reconocidos por el tratado. Estas medidas deben respetar la denominada regla de los tres pasos: aplicarse a determinados casos especiales, no interferir con la explotación normal de la interpretación y no causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del artista intérprete o ejecutante.

El artículo 14 fija la duración mínima de la protección patrimonial en 50 años, contados desde el final del año en que la interpretación o ejecución fue fijada. Este plazo no debe interpretarse como una extensión automática e idéntica de todos los derechos morales y patrimoniales, porque cada categoría tiene un régimen jurídico propio y el tratado establece reglas específicas para su aplicación.

El artículo 15 obliga a establecer una protección jurídica adecuada y recursos efectivos contra la elusión de medidas tecnológicas eficaces utilizadas por los artistas o titulares de derechos para proteger sus interpretaciones. La disposición se relaciona con sistemas tecnológicos de control de acceso y protección de contenidos, pero no significa que la piratería digital desaparezca automáticamente ni que toda medida tecnológica quede fuera de las excepciones legales.

El artículo 16 contempla obligaciones relacionadas con la información sobre la gestión de derechos. Su finalidad es ofrecer protección frente a la eliminación o alteración no autorizada de información electrónica que identifica la interpretación, al artista o las condiciones de utilización, así como frente a determinados actos de distribución, emisión o comunicación de contenidos cuando se conoce que esa información ha sido suprimida o modificada sin autorización.

El artículo 17 dispone que el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos por el tratado no estarán subordinados al cumplimiento de formalidades. Esto significa que la protección no puede depender, como condición general, de un registro obligatorio previo. El artículo 18 regula las reservas y notificaciones: no se permiten reservas generales, salvo la posibilidad específica prevista en el artículo 11, y contempla las notificaciones relacionadas con las disposiciones correspondientes.


Aplicación temporal, cumplimiento y estructura institucional


El artículo 19 regula la aplicación del tratado en el tiempo. Como principio, sus disposiciones se aplican a las interpretaciones fijadas que existan cuando el instrumento entre en vigor para un Estado y a las que se fijen posteriormente. Sin embargo, permite determinadas declaraciones respecto de interpretaciones fijadas con anterioridad, en los términos establecidos por el propio artículo.

La disposición también protege situaciones jurídicas anteriores. La entrada en vigor del tratado no debe menoscabar actos realizados, acuerdos celebrados ni derechos adquiridos antes de esa fecha. Además, permite que los Estados establezcan disposiciones transitorias para ordenar la aplicación de las nuevas obligaciones dentro de sus respectivos sistemas jurídicos.

El artículo 20 establece obligaciones relativas a la observancia de los derechos. Cada Estado parte debe adoptar, conforme a su sistema jurídico, las medidas necesarias para que existan procedimientos eficaces contra las infracciones. Estos mecanismos deben permitir actuar frente a usos no autorizados, prevenir nuevas vulneraciones y ofrecer recursos que tengan capacidad disuasoria. El tratado no crea una policía internacional ni un tribunal supranacional encargado de resolver directamente todas las controversias entre artistas y productores.

Los artículos 21 al 30 contienen las disposiciones institucionales y administrativas necesarias para el funcionamiento del instrumento. El artículo 21 establece la Asamblea del Tratado, integrada por las partes contratantes y encargada de tratar los asuntos relativos al mantenimiento y desarrollo del instrumento. El artículo 22 asigna funciones administrativas a la Oficina Internacional de la OMPI.

El artículo 23 establece quiénes pueden ser parte en el tratado. El artículo 24 determina los derechos y obligaciones que se derivan de esa condición. El artículo 25 regula la firma del instrumento y el artículo 26 establece las condiciones generales para su entrada en vigor internacional.

El artículo 27 determina cuándo comienzan a surtir efecto las obligaciones para cada parte contratante, conforme a las condiciones de entrada en vigor que establece el tratado. El artículo 28 regula la denuncia, es decir, el procedimiento mediante el cual una parte puede comunicar su decisión de retirarse del instrumento.

El artículo 29 identifica los idiomas auténticos del tratado: español, árabe, chino, francés, inglés y ruso. El artículo 30 establece que el director general de la OMPI es el depositario del instrumento, responsable de recibir y custodiar los documentos oficiales relacionados con su firma, ratificación, adhesión y demás actos previstos.


Desglose analítico de los 30 artículos del Tratado de Beijing


El tratado contiene 30 artículos. Para facilitar su lectura, pueden organizarse editorialmente en dos grupos: los artículos 1 al 20, que desarrollan el régimen de protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, y los artículos 21 al 30, que regulan la administración, participación y funcionamiento internacional del instrumento. Esta división es una clasificación explicativa y no una subdivisión formal establecida por la OMPI.

Artículo 1. Relación con otros convenios, convenciones y tratados. Define la relación del Tratado de Beijing con otros instrumentos internacionales, especialmente los relativos a derechos de autor y derechos conexos. Aclara que la protección de las interpretaciones audiovisuales no afecta los derechos de autor sobre las obras literarias y artísticas.

Artículo 2. Definiciones. Establece el significado de los conceptos utilizados en el instrumento, entre ellos artista intérprete o ejecutante, fijación audiovisual, radiodifusión y comunicación al público. Estas definiciones delimitan el alcance de los derechos reconocidos.

Artículo 3. Beneficiarios de la protección. Determina qué artistas pueden acogerse al tratado, principalmente los nacionales de las partes contratantes y las personas que reúnen las condiciones de residencia habitual previstas en el instrumento.

Artículo 4. Trato nacional. Establece que los Estados deben conceder a los artistas beneficiarios de otras partes contratantes un trato equivalente al que reconocen a sus propios nacionales, con las condiciones y excepciones expresamente previstas.

Artículo 5. Derechos morales. Reconoce el derecho del artista a ser identificado como intérprete de su actuación y a oponerse a modificaciones que perjudiquen su reputación, dentro de las condiciones establecidas por el tratado.

Artículo 6. Derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes por sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas. Protege determinadas utilizaciones de actuaciones en directo que todavía no han sido fijadas, mediante derechos de autorización para su radiodifusión, comunicación pública y fijación.

Artículo 7. Derecho de reproducción. Reconoce el derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de interpretaciones fijadas audiovisualmente, incluidos los supuestos de reproducción en el entorno digital.

Artículo 8. Derecho de distribución. Regula la autorización para distribuir originales y ejemplares de interpretaciones fijadas mediante venta u otras formas de transferencia de propiedad.

Artículo 9. Derecho de alquiler. Reconoce el derecho de autorizar el alquiler comercial al público de originales y ejemplares de interpretaciones fijadas, con las excepciones y condiciones contempladas en el instrumento.

Artículo 10. Derecho de poner a disposición interpretaciones y ejecuciones fijadas. Protege la puesta a disposición del público mediante redes alámbricas o inalámbricas, permitiendo el acceso individual desde el lugar y el momento elegidos por cada usuario.

Artículo 11. Derecho de radiodifusión y comunicación al público. Establece el derecho de autorización de determinadas emisiones y comunicaciones públicas, pero permite que los Estados opten por un sistema de remuneración equitativa bajo las condiciones previstas.

Artículo 12. Cesión de derechos. Regula las posibilidades de transferencia o ejercicio de derechos por parte de los productores audiovisuales cuando el artista consiente la fijación de su actuación, sin excluir los acuerdos sobre regalías o remuneraciones.

Artículo 13. Limitaciones y excepciones. Permite establecer excepciones a los derechos reconocidos, siempre que respeten las condiciones internacionales destinadas a evitar perjuicios injustificados y afectaciones a la explotación normal de las interpretaciones.

Artículo 14. Duración de la protección. Establece una duración mínima de 50 años para la protección patrimonial, contados desde el final del año en que se realizó la fijación audiovisual de la interpretación o ejecución.

Artículo 15. Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas. Exige protección jurídica adecuada contra la elusión no autorizada de medidas tecnológicas eficaces utilizadas para proteger los derechos reconocidos.

Artículo 16. Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos. Establece mecanismos de protección contra la supresión o alteración no autorizada de información electrónica de gestión de derechos y determinados usos posteriores de contenidos afectados por esas acciones.

Artículo 17. Formalidades. Establece que el ejercicio y el goce de los derechos reconocidos por el tratado no pueden quedar condicionados al cumplimiento de formalidades obligatorias.

Artículo 18. Reservas y notificaciones. Regula las declaraciones que pueden formular los Estados y limita la posibilidad de establecer reservas, con una excepción específica vinculada al artículo 11.

Artículo 19. Aplicación en el tiempo. Determina cómo se aplica el tratado a las interpretaciones fijadas antes y después de su entrada en vigor para cada Estado, y protege los actos, acuerdos y derechos adquiridos con anterioridad.

Artículo 20. Disposiciones sobre la observancia de los derechos. Obliga a los Estados parte a establecer procedimientos y medidas eficaces para actuar contra las infracciones, prevenirlas y ofrecer recursos adecuados.

Artículo 21. Asamblea. Crea el órgano integrado por las partes contratantes que interviene en los asuntos relativos al mantenimiento y desarrollo del tratado y en las funciones que el propio instrumento le atribuye.

Artículo 22. Oficina Internacional. Asigna a la Oficina Internacional de la OMPI las funciones administrativas y de apoyo relacionadas con el funcionamiento del tratado.

Artículo 23. Condiciones para ser parte en el Tratado. Establece las categorías de Estados y organizaciones que pueden incorporarse al instrumento conforme a las condiciones previstas.

Artículo 24. Derechos y obligaciones en virtud del Tratado. Determina los efectos jurídicos que adquieren quienes pasan a ser partes contratantes y la obligación de cumplir las disposiciones aplicables.

Artículo 25. Firma del Tratado. Regula la apertura y las condiciones de firma del instrumento por los Estados y organizaciones habilitados.

Artículo 26. Entrada en vigor del Tratado. Establece las condiciones necesarias para que el instrumento entre en vigor internacionalmente, vinculadas al depósito del número requerido de instrumentos de ratificación o adhesión.

Artículo 27. Fecha en la que surten efecto las obligaciones dimanantes del Tratado. Determina el momento en que las obligaciones comienzan a producir efectos para cada parte, conforme a las reglas de entrada en vigor aplicables.

Artículo 28. Denuncia del Tratado. Regula el procedimiento mediante el cual una parte contratante puede comunicar formalmente su decisión de retirarse del instrumento internacional.

Artículo 29. Idiomas del Tratado. Establece las versiones auténticas del instrumento en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso.

Artículo 30. Depositario. Designa al director general de la OMPI como depositario del tratado, encargado de recibir y custodiar los instrumentos y notificaciones oficiales correspondientes.


Implicaciones para el sector artístico venezolano y pasos pendientes


La aprobación legislativa del Tratado de Beijing tiene implicaciones potenciales para actores, actrices, intérpretes y otros profesionales cuyas actuaciones forman parte de producciones audiovisuales venezolanas. Su aplicación podría fortalecer el marco de protección frente a la reproducción, distribución, alquiler, comunicación pública y puesta a disposición digital de interpretaciones, así como contribuir a una mayor claridad en las relaciones contractuales entre artistas y productores.

No obstante, la eficacia de esas garantías depende de la culminación del procedimiento nacional e internacional correspondiente. También requiere revisar la legislación venezolana, identificar las normas que deban adecuarse y establecer mecanismos para que los derechos reconocidos puedan ejercerse de manera efectiva. La existencia de un tratado no sustituye la necesidad de contratos transparentes, procedimientos administrativos y recursos judiciales accesibles.

Entre los principales desafíos se encuentran la identificación de los titulares de derechos, la documentación de las autorizaciones, la gestión de remuneraciones, la protección de las interpretaciones en plataformas digitales y la capacidad de los organismos competentes para atender reclamaciones. También será necesario considerar las condiciones de los artistas que participan en producciones independientes, proyectos culturales, contenidos educativos y obras audiovisuales de circulación internacional.

El Tratado de Beijing no establece que todos los artistas recibirán automáticamente regalías por cualquier reproducción o emisión. Su alcance depende de los derechos aplicables, las declaraciones que formule cada Estado, las normas nacionales y los acuerdos contractuales. Por ello, su incorporación debe acompañarse de información pública y orientación jurídica para que los intérpretes conozcan sus derechos y las vías disponibles para ejercerlos.

La aprobación parlamentaria del 17 de noviembre de 2026 constituye un avance legislativo reportado en Venezuela, pero no debe confundirse con la entrada en vigor del tratado para el país. El siguiente paso verificable será comprobar la promulgación y publicación de la Ley Aprobatoria y, posteriormente, el depósito del instrumento correspondiente ante la OMPI. Solo con la confirmación de esas actuaciones podrá establecerse con precisión cuándo Venezuela asumirá las obligaciones internacionales del Tratado de Beijing.