La Doctrina Southern Spear: EE. UU. transforma el Caribe en zona de guerra sin juicios ni soberanía. La Doctrina Southern Spear: El Fin ...
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| La Doctrina Southern Spear: EE. UU. transforma el Caribe en zona de guerra sin juicios ni soberanía. |
La Doctrina Southern Spear: El Fin de la Interdicción y el Inicio de la Aniquilación
La región del Caribe y el litoral del Pacífico oriental han sido testigos, desde el segundo semestre de 2025, de una transformación radical en la política de seguridad hemisférica de los Estados Unidos. Lo que históricamente se gestionaba como una labor de vigilancia y cumplimiento de la ley bajo la jurisdicción de la Guardia Costera y agencias civiles, ha mutado hacia una campaña militar de carácter ofensivo denominada Operación Southern Spear. Esta nueva etapa no busca la captura de sospechosos ni el procesamiento judicial de redes de tráfico, sino la aplicación sistemática de fuerza letal contra objetivos designados unilateralmente. La relevancia de este cambio radica en la adopción de una doctrina de "guerra total" contra el narcotráfico, donde el océano se convierte en un campo de batalla sin fronteras legales claras. Esta estrategia se apoya en una interpretación expansiva de la seguridad nacional que ignora los límites tradicionales de la soberanía marítima, redefiniendo la presencia militar norteamericana en las rutas comerciales más vitales del continente.
Cronología de una Escalada: De la Designación de Terroristas a los Ataques Navales
La arquitectura legal y operativa de esta ofensiva comenzó a consolidarse a mediados de 2025. El 25 de julio de 2025, el gobierno estadounidense dio un paso sin precedentes al designar oficialmente al "Cartel de los Soles" y a organizaciones como el "Tren de Aragua" como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Según el Informe de Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas (NDTA) de la DEA de 2025, esta medida fue la piedra angular para justificar el uso de activos militares de alta capacidad en misiones de combate. Semanas después, en agosto de 2025, se reportó la firma de una orden ejecutiva de carácter clasificado que autorizaba el uso de "fuerza cinética" en aguas internacionales y territorios extranjeros contra estas entidades. El despliegue físico comenzó formalmente el 20 de agosto de 2025, cuando tres destructores de misiles guiados fueron despachados hacia las costas de Sudamérica. El punto de no retorno ocurrió entre el 1 y el 2 de septiembre de 2025, con el primer ataque letal registrado contra una embarcación civil en el Caribe, dejando un saldo de 11 fallecidos y marcando el inicio de una serie de ejecuciones que se extenderían por todo el corredor marítimo.
El Departamento de Justicia de EE. UU. corrigió la acusación y admitió que el “Cártel de los Soles” no existe
El 6 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una versión corregida de la acusación contra Nicolás Maduro. En esta actualización, el organismo eliminó la afirmación de que existe un “Cártel de los Soles” como organización criminal estructurada. La nueva redacción reconoce que dicho cartel no opera como un grupo con jerarquía, mando o cohesión interna, sino que el término ha sido utilizado históricamente como una expresión para describir redes de corrupción dentro de sectores militares venezolanos.
Implicaciones para la narrativa de seguridad hemisférica
La corrección del Departamento de Justicia debilita la narrativa que presentaba a Venezuela como sede de un cartel estatal unificado. Al reconocer que el “Cártel de los Soles” no existe como organización criminal formal, se modifica el fundamento jurídico que había sido utilizado para justificar acusaciones de narcoterrorismo y acciones militares en el Caribe y el Pacífico oriental. Este cambio obliga a revisar cómo se han construido las doctrinas de seguridad y cómo se han empleado categorías imprecisas para sustentar intervenciones y operaciones de fuerza.
Arsenal de Guerra en el Caribe: Tipos de Buques y Tecnología de Ataque
Para ejecutar la Operación Southern Spear, la Marina de los Estados Unidos ha desplegado un contingente naval cuya potencia de fuego es comparable a la utilizada en conflictos de gran escala en Oriente Medio. El núcleo de la fuerza está compuesto por destructores de la clase Arleigh Burke, conocidos como la columna vertebral de la flota. Entre los buques identificados se encuentran el USS Gravely (DDG-107), el USS Stockdale (DDG-106), el USS Jason Dunham (DDG-109) y el USS Sampson (DDG-102). Estas naves están equipadas con el sistema de combate Aegis y celdas de lanzamiento vertical (VLS) capaces de disparar misiles de crucero Tomahawk y proyectiles antiaéreos de largo alcance. Junto a ellos opera el grupo de asalto anfibio liderado por el USS Iwo Jima (LHD-7), un buque capaz de transportar unidades expedicionarias de Marines y flotas de helicópteros de ataque UH-1Y Venom. La infraestructura se completa con muelles de transporte anfibio como el USS San Antonio (LPD-17) y el USS Fort Lauderdale (LPD-28), además del crucero de misiles guiados USS Lake Erie (CG-70). Un elemento crítico en la investigación es el uso de aeronaves de vigilancia P-8A Poseidon y drones de largo alcance que coordinan los ataques, permitiendo la localización de embarcaciones menores que luego son neutralizadas mediante fuego de precisión o bombardeos aéreos, en ocasiones ejecutados por aviones camuflados sin insignias militares para evadir la responsabilidad internacional.
La Inteligencia de Señales y el Rol de la DEA y el FBI
La selección de objetivos no es aleatoria, sino que responde a una integración profunda de inteligencia de señales y fuentes humanas gestionada por la DEA y el FBI. Documentos desclasificados y reportes estratégicos de finales de 2025 revelan que estas agencias han proporcionado las coordenadas y perfiles de los tripulantes basados en interceptaciones de comunicaciones satelitales. Sin embargo, la falta de transparencia en la presentación de pruebas ha llevado a organismos internacionales a cuestionar si la inteligencia utilizada es suficiente para justificar la privación de la vida. La política de guerra actual permite que la identificación positiva de un "objetivo de alto valor" a bordo de una embarcación sentencie a muerte a toda la tripulación, sin importar la presencia de personal no involucrado o la ausencia de resistencia armada. Este modelo de "objetivo por asociación" representa una de las críticas más feroces contenidas en los informes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que ve en esta colaboración interagencial una herramienta de represión militarizada bajo el disfraz de la justicia penal.
Casos Documentados de Ejecuciones Extrajudiciales en Alta Mar
La letalidad de la Operación Southern Spear ha quedado registrada en eventos específicos que han conmocionado a la comunidad internacional. Tras el ataque inicial del 2 de septiembre de 2025, el patrón se repitió el 15 de septiembre con un bombardeo que acabó con la vida de tres personas. Para el 3 de octubre de 2025, tras una notificación formal de "estado de conflicto armado" por parte de Washington, la intensidad aumentó. En el Pacífico oriental, el 21 de octubre de 2025 se registró el primer ataque en esa zona, confirmando la expansión geográfica de la campaña. Organizaciones como Human Rights Watch han documentado que, en la mayoría de estos incidentes, las embarcaciones fueron hundidas mediante misiles o ametrallamiento pesado, sin que se realizaran esfuerzos de rescate para los náufragos. Las cifras verificadas hasta enero de 2026 superan los 123 fallecidos, incluyendo casos donde familias enteras de países como Venezuela, Colombia y Honduras han denunciado la desaparición de sus parientes en rutas donde operaban los buques estadounidenses. El caso de un buque presuntamente vinculado al Tren de Aragua, donde murieron 11 personas, se ha convertido en el símbolo de la controversia, pues investigaciones independientes sugieren que el cargamento de droga nunca fue recuperado ni mostrado públicamente como evidencia del delito.
Amenazas Directas a la Soberanía de las Naciones Latinoamericanas
Más allá de las bajas humanas, la Guerra del Caribe constituye una amenaza directa a la integridad territorial y política de las naciones de la región. Las operaciones se han ejecutado frecuentemente cerca de las aguas territoriales de Venezuela y Colombia, generando incidentes diplomáticos de alta tensión. La administración estadounidense ha justificado estas acciones bajo el argumento de que los estados afectados son incapaces o cómplices en la protección de sus costas, lo que ha sido interpretado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la ONU como una violación flagrante del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. Las amenazas no son solo tácticas; la retórica oficial ha incluido la posibilidad de ataques terrestres contra infraestructuras logísticas dentro de los países soberanos, elevando el riesgo de un conflicto regional a gran escala que podría desestabilizar permanentemente el hemisferio occidental bajo la premisa de la erradicación del narcoterrorismo.
Reflexión sobre las Políticas de Guerra de Estados Unidos en el Siglo XXI
La Operación Southern Spear y la consecuente Guerra del Caribe marcan un hito en la evolución de las políticas de guerra de los Estados Unidos. Se ha pasado de una estrategia de contención y ayuda a socios locales a una de intervención directa y letal, donde el debido proceso y las garantías judiciales han sido sustituidos por la eficiencia militar. Los documentos estratégicos de la DEA y las órdenes ejecutivas de 2025 muestran una nación dispuesta a desmantelar el orden jurídico internacional en nombre de una seguridad interna que percibe como amenazada por actores no estatales. Sin embargo, la historia sugiere que la violencia desmedida en el mar solo desplaza las rutas del crimen y genera un ciclo de resentimiento y desconfianza entre las naciones vecinas. El cierre de esta investigación plantea una pregunta urgente para la comunidad global: ¿es aceptable sacrificar los principios fundamentales del derecho a la vida y la soberanía nacional en la búsqueda de una victoria militar contra un fenómeno social y económico como el narcotráfico? La respuesta definirá la estabilidad de las Américas en las décadas por venir.
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