Cómo las sanciones y el deterioro interno impulsaron el colapso venezolano y un éxodo sin precedentes en América Latina. Impacto de las ...
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| Cómo las sanciones y el deterioro interno impulsaron el colapso venezolano y un éxodo sin precedentes en América Latina. |
Impacto de las sanciones a Venezuela, colapso económico y crisis migratoria: una reconstrucción integral del proceso y del discurso internacional
Una crisis sin guerra formal
La crisis venezolana de la última década constituye uno de los procesos de colapso socioeconómico y migratorio más profundos registrados en tiempos recientes sin que medie una guerra convencional. Millones de personas han abandonado el país, el aparato productivo fue desmantelado y el tejido social sufrió una erosión acelerada. Este fenómeno no puede ser explicado a partir de una sola causa ni reducido a una narrativa simplificada. La crisis venezolana es el resultado de la convergencia de factores internos acumulados durante años y de un conjunto de decisiones geopolíticas externas, particularmente las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos y países aliados.
Esta investigación reconstruye de forma ordenada el proceso completo: el origen de las sanciones, su escalada, el impacto directo sobre empresas nacionales y transnacionales, el deterioro del empleo y del poder adquisitivo, el surgimiento de una migración masiva sin precedentes en América Latina y, finalmente, el discurso ambiguo mediante el cual Estados Unidos ha intentado presentarse simultáneamente como actor causal y supuesto mediador o “salvador” de una crisis que contribuyó a profundizar.
Antecedentes: el deterioro previo y el punto de quiebre externo
Antes de la imposición de sanciones sectoriales, la economía venezolana ya mostraba signos de fragilidad estructural. Controles de precios prolongados, un modelo altamente dependiente de la renta petrolera, expropiaciones mal gestionadas y distorsiones cambiarias habían reducido la capacidad productiva del país. Sin embargo, hasta mediados de la década de 2010, Venezuela aún conservaba margen de maniobra financiera, acceso al sistema bancario internacional y capacidad de importar insumos esenciales para sostener su economía.
El punto de quiebre se produce cuando la presión externa se institucionaliza a través de sanciones progresivas que, lejos de circunscribirse a funcionarios específicos, comienzan a afectar de manera directa la estructura financiera del Estado y, por extensión, al sector privado y a la población civil.
La arquitectura de las sanciones: de medidas individuales al cerco económico
En 2015, Estados Unidos declara a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional, habilitando el marco legal para futuras sanciones. Inicialmente, estas medidas se dirigieron contra funcionarios del gobierno venezolano. No obstante, a partir de 2017, las sanciones se expanden hacia el núcleo financiero del país.
La Orden Ejecutiva 13808 prohíbe la renegociación de deuda, bloquea nuevas emisiones financieras y limita severamente las operaciones de PDVSA en los mercados internacionales. Posteriormente, en 2019, se impone un embargo petrolero de facto que impide a Venezuela comercializar libremente su principal fuente de ingresos.
Estas sanciones no solo restringieron al Estado venezolano; generaron un fenómeno conocido como “sobre cumplimiento” (overcompliance), mediante el cual bancos, proveedores y empresas internacionales evitaron cualquier vínculo con Venezuela por temor a sanciones secundarias. Como resultado, incluso operaciones humanitarias y comerciales legítimas se vieron obstaculizadas.
Colapso del aparato productivo: cierre de empresas y expulsión del capital
El impacto sobre el sector empresarial fue devastador. La imposibilidad de acceder a financiamiento, importar materia prima, reponer maquinaria o mantener cadenas logísticas provocó el cierre masivo de empresas pequeñas, medianas y grandes. Industrias que habían operado durante décadas cesaron actividades, y transnacionales abandonaron el país o redujeron su presencia a mínimos operativos.
Las PYMES, que dependían de importaciones parciales o totales, fueron las más vulnerables. El comercio, la manufactura, la agroindustria y los servicios experimentaron una contracción histórica. La economía formal se desmanteló progresivamente, empujando a millones de trabajadores a la informalidad, al subempleo o a la inactividad forzada.
La pérdida del empleo formal no fue un efecto colateral menor, sino uno de los motores centrales del colapso social. El salario dejó de cumplir su función básica como medio de reproducción de la vida, y el trabajo perdió su capacidad de garantizar estabilidad mínima.
Desempleo, empobrecimiento y ruptura del contrato social
La combinación de sanciones, hiperinflación y cierre empresarial produjo un fenómeno de empobrecimiento acelerado. Profesionales, técnicos, docentes, obreros calificados y pequeños comerciantes vieron desaparecer sus ingresos reales. El empleo existente se volvió improductivo: trabajar ya no garantizaba alimentación, salud ni vivienda.
Este proceso implicó una ruptura del contrato social implícito. El Estado perdió capacidad de protección, el mercado dejó de ofrecer oportunidades y la familia se convirtió en el último soporte, muchas veces insuficiente. En ese contexto, migrar dejó de ser una opción aspiracional y se transformó en una estrategia de supervivencia.
La migración venezolana: magnitud, rutas y características
Más de siete millones de venezolanos han abandonado el país, configurando una de las mayores crisis migratorias del mundo sin conflicto armado formal. El éxodo se dirigió principalmente hacia Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos y países del Caribe.
La migración venezolana se caracterizó por la descapitalización extrema: venta de bienes, propiedades y vehículos a precios de remate; separación familiar; travesías a pie; uso de rutas irregulares; exposición a redes criminales y violencia. Incluso en contextos de cierre fronterizo, como durante la pandemia, el flujo no se detuvo.
Comparación con otras crisis migratorias globales
La crisis venezolana se inserta en un patrón global de desplazamientos forzados, comparable en magnitud a casos como Siria, Sudán, Centroamérica y Cuba. Sin embargo, presenta una singularidad: ocurre en ausencia de una guerra declarada, lo que evidencia que las políticas económicas y financieras pueden generar efectos humanitarios similares a los de un conflicto armado.
El discurso estadounidense: de actor causal a supuesto mediador
Mientras las sanciones contribuían al colapso económico y al desplazamiento masivo, el discurso político y mediático estadounidense comenzó a presentar la migración venezolana como un problema humanitario y de seguridad regional. Esta narrativa omitió, en muchos casos, el papel estructural de las propias políticas de sanciones en la generación del fenómeno.
De forma ambigua, Estados Unidos pasó a posicionarse como mediador, condicionando el levantamiento parcial de sanciones a acuerdos políticos, procesos electorales y pactos energéticos. Así, el país que contribuyó a asfixiar la economía venezolana se presentó como posible solución a la crisis resultante.
Control político, petróleo y negociación bajo presión
El eje petrolero se convirtió en el centro de las negociaciones. Licencias selectivas a empresas energéticas, condicionadas a acuerdos políticos, evidenciaron el interés estratégico de controlar el flujo petrolero venezolano. La suspensión o reactivación de sanciones operó como herramienta de presión, no como mecanismo humanitario.
En este contexto, sectores críticos interpretaron la estrategia estadounidense como un intento de reconfigurar el poder político y económico venezolano bajo un esquema de tutela externa, utilizando la crisis migratoria como argumento legitimador.
La narrativa del “mesías” y la contradicción estructural
El discurso que presenta a Estados Unidos como “salvador” de Venezuela entra en contradicción directa con el historial de políticas que contribuyeron al colapso económico y al éxodo masivo. La ambigüedad radica en generar una crisis mediante sanciones y, posteriormente, ofrecer alivio condicionado como solución.
Esta lógica no resuelve la crisis estructural ni garantiza una mejora sostenible en la calidad de vida del venezolano; más bien perpetúa una relación asimétrica donde la economía y la soberanía quedan supeditadas a decisiones externas.
Conclusión: una crisis inducida, compleja y aún abierta
La crisis migratoria venezolana no puede entenderse sin analizar de forma integral el impacto de las sanciones económicas, el cierre masivo de empresas, el colapso del empleo y el uso geopolítico del sufrimiento humano. Si bien existen responsabilidades internas acumuladas, la presión externa aceleró y profundizó un proceso de colapso que terminó expulsando a millones de ciudadanos.
La historia de este periodo no será recordada únicamente por cifras económicas o flujos migratorios, sino por la forma en que decisiones políticas internacionales transformaron una crisis nacional en un fenómeno humanitario continental. Cualquier solución futura que aspire a ser real deberá reconocer esta responsabilidad compartida, cesar la asfixia financiera y permitir la reconstrucción soberana del aparato productivo venezolano.
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