Antonio José de Sucre asume la presidencia de Bolivia en 1826, consolidando la independencia y promulgando la primera Constitución del paí...
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| Antonio José de Sucre asume la presidencia de Bolivia en 1826, consolidando la independencia y promulgando la primera Constitución del país. |
Antonio José de Sucre y el nacimiento de una nación
El 9 de diciembre de 1826 Antonio José de Sucre fue oficialmente investido como primer presidente constitucional de la República de Bolívar, luego rebautizada Bolivia. Este hito cerró una etapa clave tras su encargo supremo del Poder Ejecutivo entre el 29 de diciembre de 1825 y el 27 de mayo de 1826, cuando el Congreso Constituyente lo ratificó como encargado del Ejecutivo desde el 28 de mayo hasta el 9 de diciembre de 1826. Su asunción presidencial simbolizó el tránsito de autoridad militar a poder civil, sentando las bases de un Estado independiente cuyos cimientos jurídicos, administrativos y sociales se forjaron en apenas un año.
Con su prestigio ganado en la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 y la proclamación del Alto Perú como República de Bolívar el 6 de agosto de 1825 en Potosí, Sucre heredó la confianza tanto de Simón Bolívar como de las élites criollas y de las mayorías indígenas. Su misión comprendía un paquete de reformas urgentes: promulgación de la primera Constitución, división territorial ordenada, instalación de tribunales, reorganización militar y fomento de la educación. Este artículo explora en detalle cada una de esas iniciativas, su contexto histórico y el legado que perdura en las instituciones bolivianas.
Contexto histórico: Alto Perú tras Ayacucho
Tras la definitiva victoria libertadora en Ayacucho, el antiguo Virreinato del Río de la Plata septentrional quedó liberado del dominio español. El 6 de agosto de 1825, en la Villa Imperial de Potosí, el Ejército Libertador proclamó la República de Bolívar. Sin embargo, la geografía variada —desde los fríos altiplanos de La Paz hasta los valles cálidos de Cochabamba— y las estructuras coloniales aún vigentes plantearon desafíos enormes para instaurar un gobierno efectivo.
El Congreso General Constituyente se reunió en Chuquisaca con el mandato de redactar una carta magna que equilibrara el ideario ilustrado con la realidad social. El alto porcentaje de población indígena y mestiza, acostumbrada a formas comunitarias de organización, requería una administración que reconociera derechos colectivos y garantizara la cohesión nacional. Mientras tanto, las élites criollas debatían sobre centralismo versus autonomía departamental en un territorio recién conceptualizado.
Entre el 29 de diciembre de 1825 y el 27 de mayo de 1826, Sucre ejerció como Encargado Supremo del Poder Ejecutivo por delegación de Bolívar, asumiendo la responsabilidad de estabilizar la administración pública, reorganizar el ejército y preparar el terreno para un presidente constitucional. Esa gestión interina resultó decisiva para la conformación de cuerpos administrativos locales y la instauración de las Guarniciones Nacionales en poblaciones clave.
Reformas y retos institucionales en 1826
El 23 de enero de 1826, Sucre firmó el decreto que dividió el territorio en cinco departamentos: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. Esta división buscó descentralizar el poder, acercar la administración al ciudadano y facilitar la recaudación de tributos para sostener las arcas públicas. Apenas un mes después, el 24 de junio de 1826, se creó la Policía Nacional, encargada de garantizar la seguridad interna y proteger las fronteras frente a bandas armadas y amenazas coloniales remanentes.
El 19 de noviembre de 1826, el Congreso ratificó la Constitución Política de la República de Bolívar, redactada en Chuquisaca. Compuesta por 11 títulos y 157 artículos, esta Carta Magna estableció un régimen presidencialista con mandato de cuatro años, prohibió la esclavitud y garantizó la libertad de imprenta bajo límites de orden público, mantuvo el catolicismo como religión oficial y definió la organización de los tres poderes del Estado.
El flamante presidente constitucional tomó posesión el 9 de diciembre de 1826. Sucre combinó esa investidura con la expedición de decretos que abrían el Colegio de San Juan de Chuquisaca como Instituto de Ciencias, Letras y Artes el 15 de febrero de 1827, y crearon la Biblioteca Pública de Chuquisaca en abril de ese mismo año. Estas instituciones buscaban forjar una élite de funcionarios y profesionales capaces de sostener el nuevo orden republicano.
La Constitución de 1826 y su impacto
La Constitución de 1826 introdujo innovaciones legales vitales para la joven república. La prohibición de la esclavitud liberó a los últimos cautivos vinculados a haciendas y minas coloniales, mientras la libertad de imprenta fomentó la creación de periódicos y gacetas que discutían asuntos públicos. La división de poderes permitió un control mutuo entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y estableció un Tribunal Supremo de Justicia instalado el 16 de julio de 1827 en Chuquisaca.
La Carta Magna también definió la figura del ciudadano con derechos políticos, abriendo la puerta a debates sobre sufragio y representación. Aunque el voto directo se restringía inicialmente a propietarios y profesionales, el precedente constitucional sirvió de base para reformas posteriores que expandieron la participación electoral a lo largo del siglo XIX.
Orden público y reorganización militar
Ex comandante de campaña, Sucre reestructuró el ejército heredado de Ayacucho. Redujo las vacantes de oficiales, instauró tribunales militares para procesar faltas y estableció reglamentos de disciplina más claros. La creación de la Policía Nacional el 24 de junio de 1826 integró a veteranos y nuevos reclutas, garantizando el control de rutas comerciales y la seguridad en las ciudades.
Paralelamente, Sucre instauró pactos de convivencia con comunidades indígenas de los departamentos altoandinos. Reconoció derechos comunales sobre parcelas de cultivo a cambio de lealtad al Estado, lo que redujo las rebeliones locales y consolidó un orden público basado en acuerdos y no sólo en la represión.
Herencia de Sucre: instituciones duraderas
El legado institucional de Sucre permanece visible en Bolivia. En 1827 fundó el Colegio Militar del Ejército Boliviano, primera academia para oficiales que se convirtió en epicentro de la formación militar hasta el siglo XX. Ese mismo año, el 16 de julio, se instaló el Tribunal Supremo de Justicia en Chuquisaca, precursor del actual Poder Judicial.
La Biblioteca Pública de Chuquisaca, puesta en marcha en abril de 1827, reunió colecciones de incunables y documentos coloniales, fomentando la investigación académica. Aunque sufrió saqueos y deterioros durante conflictos posteriores, su semilla dio origen al patrimonio bibliográfico que hoy custodia la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier.
En La Paz, los tribunales de comercio y aduana establecidos en 1827 facilitaron la exportación de plata y lana hacia puertos del Pacífico, sentando las bases del comercio internacional boliviano. Estos órganos evolucionaron hasta convertirse en servicios de correos, ferrocarriles y aduanas modernas, pilares del aparato económico nacional.
Conclusión: lecciones de 1826
La asunción de Antonio José de Sucre como presidente el 9 de diciembre de 1826 y el paquete de reformas que impulsó demuestran que la consolidación de un Estado independiente requiere un equilibrio entre autoridad militar y poder civil. La promulgación de la Constitución, la división territorial y la creación de escuelas y tribunales sentaron las bases de una república moderna adaptada a la diversidad geográfica y social de Bolivia.
Aun cuando Sucre renunció el 18 de abril de 1828 por problemas de salud y presiones políticas, su breve mandato dejó un entramado institucional que perduró y sirvió de anclaje para gobiernos posteriores. Su ejemplo subraya la importancia de fundar instituciones sólidas desde el primer día, con visión de largo plazo y políticas inclusivas.
Epílogo: inspiración para líderes modernos
Revisitar cómo Sucre asume la presidencia de Bolivia en 1826 no es sólo un ejercicio historiográfico: es una invitación a gobernar con sentido de urgencia y responsabilidad. Sus decisiones rápidas y estructuradas muestran que la institución de un Estado exige tanto decisión como consulta.
Hoy, estudiantes, funcionarios y líderes cívicos pueden aprender de ese episodio histórico para diseñar políticas integrales, fortalecer la justicia y ampliar la participación ciudadana. Al emular la audacia y la equidad de Sucre, contribuimos a que nuestras naciones enfrenten con éxito los desafíos del siglo XXI.
